Sábado 16/12/2017.

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Los trabajadores de la recogida de basuras de San Fulgencio harán una huelga indefinida desde el próximo 19

Los trabajadores del servicio municipal limpieza viaria y recogida de basuras de San Fulgencio (Alicante) han convocado una huelga indefinida a partir del 19 de diciembre, como medida de protesta para reclamar que se les garantice el pago de las nóminas de noviembre, diciembre y siguientes, según ha informado en un comunicado la Federación de Actividades Diversas de CCOO.
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La empresa Ginssa, Servicios Integrales del Grupo-Hormigones Martínez, concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras de San Fulgencio, a falta de cuatro meses para terminar su contrato que le vincula con este Ayuntamiento, ha comunicado a los trabajadores que el consistorio mantiene con esta adjudicataria una deuda que supera los dos millones de euros, según CCOO.

La empresa asegura que no se encuentra "en disposición de asegurar y garantizar el pago de las nóminas a los 12 trabajadores adscritos a este servicio municipal, incluida la paga extra de diciembre, mientras el Consistorio no ponga los medios necesarios para poder garantizar el equilibrio económico y hacer frente al pago de las nóminas".

Por otra parte, el Ayuntamiento de San Fulgencio comunicó a los trabajadores que las certificaciones de este servicio se van abonando "puntualmente" a la empresa desde que el gobierno local tomó posesión, y que la deuda anterior es "responsabilidad del anterior equipo de gobierno".

Ante esta situación "tan injusta", los trabajadores han decidido convocar una convocatoria de huelga indefinida a partir del 19 de diciembre, con el objetivo de exigir a la empresa el pago de los salarios y garantizar la estabilidad salarial, puesto que afirman que no podrán hacer frente a sus hipotecas y a su economía familiar.

CCOO quiere denunciar esta situación de "continuo despropósito, en el que los trabajadores de los servicios concesionados se convierten en moneda de cambio en el conflicto de intereses que mantienen los ayuntamientos y las empresas".

De esta manera, consideran que crean "una conflictividad que repercute a los ciudadanos en servicios tan esenciales para la comunidad y que afectan a la calidad de los mismos, en una práctica que está generalizándose en todos los ámbitos de la administración".

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