Esta propuesta se denomina »Iniciativa Legislativa Municipal» (ILM) y se presentará el próximo lunes día 19 en la Mesa de la Asamblea de Madrid para debate y votación en pleno. La iniciativa sale adelante con los consistorios de San Fernando, Leganés, Fuenlabrada, Getafe, Rivas, Coslada, y Colmenarejo y a propuesta de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II.
La Corporación Local de San Fernando de Henares ya se ha manifestado contraria a la privatización a través de campañas de recogida de firmas y otras iniciativas populares, además de la aprobación por el Pleno municipal de una moción contraria «a la privatización de esta empresa pública solvente, patrimonio de los madrileños».
«Pensamos que no se debe privatizar el Canal. Es una empresa enormemente importante, que además gestiona el recurso más importante de la región, como es el agua. La privatización significaría hipotecar el futuro de la gestión de este recurso durante 50 años. No está justificado el hacer caja por parte de la Comunidad, promoviendo esta privatización. Por eso lo que queremos es que se debata de nuevo en la Asamblea de Madrid. Hay tiempo para hacerlo», ha indicado el alcalde de San Fernando, Julio Setién.
Cada ayuntamiento aprobó en Pleno Municipal esta iniciativa legislativa que llevarán la próxima semana a la Mesa de la Asamblea de Madrid. Los siete municipios suman una población de más de 766.000 habitantes, una cifra superior a los 50.000 que exige la ley que regula la Iniciativa Legislativa Municipal.
La iniciativa legislativa municipal fue aprobada en Leganés, Coslada y Colmenarejo, donde el PP gobierna con mayoría simple, gracias al apoyo del resto de los partidos políticos. En San Fernando y Rivas-Vaciamadrid, gobernado por IU, la ILM también recibió el apoyo de los socialistas; mientras que Fuenlabrada, gobernada por el PSOE, fue votada también por IU y UPyD. En ninguna de las siete localidades recibió el apoyo de los concejales del PP.
«OPACIDAD INFORMATIVA»
La propuesta de promover una iniciativa legislativa municipal parte de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II con el objetivo de evitar que la constitución de una sociedad anónima con el 49 por ciento del capital del Canal en manos privadas «se traduzca en el empeoramiento del servicio, el incremento de las tarifas, la pérdida de control del servicio por parte de la Administración competente y en un trasvase de los actuales beneficios al sector privado, como ya ha ocurrido en París, Berlín, Roma o Buenos Aires».
«El periodo de vigencia de 50 años adoptado para la sociedad anónima dificultará además la posibilidad de revertir el proceso de privatización, aunque los resultados sean negativos», ha manifestado la plataforma contra la privatización.
Además, ha apuntado que el argumento esgrimido por el Gobierno de la Comunidad de Madrid de la necesidad de financiar cuantiosas inversiones evaluadas por el gerente del Canal en unos 1.700 millones de euros a lo largo de los próximos seis años «puede hacerse a través de los presupuestos ordinarios de inversión (350-450 millones de euros al año); con cargo a los propios beneficios del CYII, que oscilan entre 100 y 150 millones de euros anuales o a la financiación estatal derivada del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, Saneamiento y Depuración (2007- 2015) o, en última instancia, recurriendo a financiación externa».
Por otro lado, critican la «falta de transparencia informativa» y que los ayuntamientos sólo tengan de plaza hasta el 31 de diciembre para decidir si avalan el nuevo modelo de gestión. El Canal ofrece a cambio de la cesión de las redes municipales de abastecimiento y saneamiento una participación en el accionariado de la nueva sociedad anónima hasta un máximo del 19 por ciento de su capital social en función de la población del municipio. Estos podrán, a su vez, vender al sector privado hasta el 70 por ciento de su participación.
A juicio de la plataforma, las exigencias que plantean los convenios que ofrece el Canal «perjudican en muchos casos» los intereses municipales. Así, señalan que la Comunidad exige a los ayuntamientos que gestionan los servicios de alcantarillado que los cedan a la nueva sociedad a cambio de un pago único de 60 euros por habitante a pagar en 2012. «Los ayuntamientos perderán dinero», ha aseverado.
Igualmente, la asociación en contra de la privatización considera que el Gobierno regional «sigue sin clarificar si la venta de acciones por parte de los ayuntamientos puede afectar a la parte que, por ley, debería seguir siendo pública». «De no ser así, se permitiría privatizar hasta el 62 por ciento de la sociedad, cediendo su control a empresas privadas», ha concluido.
La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II está integrada por ATTAC, el Comité de Empresa del Canal de Isabel II, CCOO Madrid, Ecologistas en Acción, Equo, Federación Regional de Asociacione Vecinales de Madrid (FRAVM), Izquierda Anticapitalista, IU Comunidad de Madrid, Iniciativa Servicios 100% Públicos y Parque Sí en Chamberí.