El Instituto Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Madrid ha realizado una campaña de inspección y control de precios en línea de cajas haciendo especial hincapié en comprobar que no existiera diferencia alguna entre los importes exhibidos y los cobrados, algo que se ha producido en casi la mitad de casos que en la campaña anterior.
Según ha confirmado el Ayuntamiento a través de un comunicado, la campaña se ha desarrollado a lo largo de todo el año y han participado 30 inspectores técnicos de Calidad y Consumo, que han inspeccionado 3.717 establecimientos comerciales.
Así, el 2,7 por ciento de los establecimientos inspeccionados incumple la normativa en lo que se refiere a cobrar por encima del precio anunciado mientras que en la campaña anterior se detectó en el 4,2 por ciento de los establecimientos.
Además, se ha reducido el número de establecimientos que disponen de artículos en los escaparates y no exhiben su precio de forma visible, pasando del 20 por ciento en 2010 al 15 por ciento registrado este año.
El 7,3 por ciento de los casos no expone los precios en el interior del local cuando en el año 2010 fue del 9,4 por ciento. Además, un 8,8 por ciento de casos no exhibe de forma visible las tarifas de precios de los servicios ofertados. El grado de incumplimiento en el año 2010 fue del 11,4 por ciento.
El 5,1 por ciento de establecimientos visitados presenta irregularidades en la indicación del precio en los folletos o en la publicidad, siendo el resultado del año pasado inferior, un 3,4 por ciento.
PRECIOS NO LEGIBLES O VISIBLES
En el 2,3 por ciento los precios no eran fácilmente identificables, bien porque no eran legibles o bien porque no se situaban en lugar visible. El resultado del año pasado fue del 3,5 por ciento.
Un 2,5 por ciento de locales visitados presentaba algún tipo de deficiencia entre los precios exhibidos en carteles, lineales, escaparates, folletos y publicidad, porcentaje que supone la mitad del registrado en el año 2010 (5 por ciento).
Por último, en el 3,6 por ciento de los establecimientos donde se ofrecía la posibilidad de aplazar los pagos mediante financiación, ya sea parcial o total de la deuda contraída, no se informaba correctamente de lo establecido por la legislación. Un porcentaje también inferior al del 2010, que alcanzó el 5,9 por ciento.
El número total de irregularidades detectadas fue de 602, lo que supone un nivel de incumplimiento del 16,2 por ciento. Para aquellas actuaciones en las que se ha cometido algún tipo de irregularidad, se incoará el correspondiente procedimiento sancionador, que será tramitado de acuerdo con la legislación que regula la materia.