Lunes 11/12/2017.

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UGT dice que el derecho a elegir la sanidad pública "es penalizado con una espera 7,3 veces mayor" para ser operado

El sindicato dice que de los 54.790 pacientes en Lista de Espera Quirúrgica, sólo 15.174 esperan un máximo de 30 días
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UGT Madrid ha dicho este viernes que el derecho de los ciudadanos a elegir la sanidad pública para operarse "es penalizado con una espera 7,3 veces mayor" a la que existe en los centros privados, según ha informado en un comunicado.

El sindicato ha señalado que el tiempo medio de espera para los 15.174 pacientes de la lista oficial es de 9,5 días, pero para los 22.858 que eligen centro hospitalario público el tiempo medio de espera es de 69,8 días.

"Por tanto, ejercer el derecho a elegir hospital público es penalizado con un tiempo medio de espera 7,3 veces mayor", concluye UGT, que señala que el número de pacientes que elige hospital público ha aumentado en 3.183 respecto a un año antes (+16,17 por ciento).

Según sus datos, el 41,72 por ciento (22.858) de los pacientes elige la sanidad pública para operarse y rechaza la propuesta de la Consejería de Sanidad para hacerlo en un centro privado, frente al 21,8 por ciento (7.227) que lo hacía a 31 de diciembre de 2005.

Según los datos publicados por la Consejería de Sanidad, a 30 de septiembre de 2011 el número de madrileños que espera para operarse llega a 54.790, que son 3.187 más que en el trimestre anterior (6,17 por ciento) y 4.137 más que hace un año (8,17 por ciento). Dato que, en opinión de UGT Madrid, "expresa el fracaso del modelo privado de gestión hospitalaria impulsado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid".

LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA

El sindicato ha explicado que desde 2005 la lista de espera quirúrgica (LEQ) ha crecido: 33.155 pacientes se contabilizaban a 31 de diciembre de 2005; 37.880 en 2006; 41.859 en 2007; 48.825 en 2008; 50.689 en 2009; 51.191 en 2010 y 54.790 a 30 de septiembre de 2011.

"Desde diciembre de 2005 a septiembre de 2011, la LEQ ha sumado 21.635 pacientes, un 65,25 por ciento más. El pico histórico se registró en marzo de 2011 con 55.119 pacientes. La Consejería de Sanidad se muestra incapaz para resolver, siquiera mejorar, el número de personas que esperan para operarse", ha dicho el sindicato.

"Desde que gobierna Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, la LEQ ha aumentado sin parar, a pesar de la fuerte inversión de dinero público para reducir sus números --519 millones de euros gastados en Planes Especiales desde 2005 a 2011-- sin que nadie haya asumido responsabilidades políticas", ha apuntado UGT.

Por otro lado, "cada vez son más" los madrileños que eligen la sanidad pública para ser operados y rechazan hacerlo en un centro privado propuesto siempre por la Consejería de Sanidad: 7.227 a 31 de diciembre de 2005, un 21,8 por ciento sobre el total; 12.063 en 2006, un 31,8 por ciento; 13.830 en 2007, un 33 por ciento; 15.724 en 2008, un 32,2 por ciento; 18.611 en 2009, un 36,7 por ciento; 19.351 en 2010, un 37,8 por ciento; y 22.858 a 30 de septiembre de 2011, un 41,72 por ciento.

Sin embargo, a pesar de esta preferencia por los centros públicos, "el Gobierno de Esperanza Aguirre ignora esta demanda social y mantiene su apuesta política por un modelo privado de gestión para la sanidad que descapitaliza los hospitales públicos tradicionales", ha manifestado UGT.

TIEMPO DE ESPERA

Sobre los 54.790 pacientes en LEQ, 15.174 esperan un máximo de 30 días, pero 15.688 esperan entre 31 y 180 días, y 337 esperan entre 181 días y un año.

El sindicato ha señalado que la promesa de Aguirre de ser operado en menos de 30 días "ha condicionado toda la política sanitaria, de tal manera que para dar por cumplido el compromiso político utiliza un mecanismo contable singular no reconocido por el Ministerio de Sanidad ni por las demás Autonomías".

Éste consiste en considerar el inicio del cómputo de espera desde la consulta con el anestesista y no desde la prescripción de la operación por el especialista.

Para ello, se crea un sistema de tres categorías: 'En espera estructural', 'Transitoriamente no programables' y 'Pacientes que han preferido mantenerse en espera para ser operados en el hospital de su elección', lo que "altera los indicadores de medida y el cómputo de espera, imposibilitando un tratamiento y evaluación homologable con las demás comunidades autónomas".

Por este hecho, el Ministerio de Sanidad, mediante una circular, ha requerido a la Comunidad para que modifique la actual forma de contabilizar la LEQ, por ser "contrario y diferente" a la normativa estatal, hacer la adaptación, dice el Ministerio, "es relevante para evitar discriminaciones de Madrid en relación a las garantías del resto de España, así como para evitar eventuales reclamaciones".

"La traducción del juego de las tres categorías de pacientes en lista de espera quirúrgica, significa que la Consejería de Sanidad sólo cuenta a los pacientes integrados en la lista de espera denominada 'estructural', 15.174, un 27,7 por ciento de los 54.790", ha explicado UGT.

El sindicato ha apuntado que "39.616 pacientes quedan excluidos, escondidos de la realidad, y no cuentan para el compromiso de Esperanza Aguirre de 30 días de espera máxima". "Llevar a cabo la adaptación normativa que reclama el Ministerio, tendría como efecto unos tiempos de espera en la Comunidad de Madrid que rebasarían con creces los 30 días prometidos", ha añadido.

Para UGT Madrid, "nadie decide alargar voluntariamente la espera", por eso, "es una ironía intolerable que la Consejería de Sanidad defina a quien ejerce el derecho a elegir".

Con este mecanismo contable, en opinión de UGT Madrid, se genera una situación de "acoso administrativo -incluso chantaje- sobre aquellas personas que rechazan operarse en centros privados, a las que se responsabilidad de mantenerse en espera voluntariamente para ser intervenido en el hospital de su elección y con ello se cancela del compromiso político de 30 días de espera máxima".

En conclusión, ejercer el derecho a elegir hospital, "de lo cual supone ser expulsado de la lista 'oficial' y esperar 7,3 veces más tiempo para ser operado, una penalización socialmente intolerable, que erosiona la equidad e igualdad de trato y con ello, el derecho fundamental a la protección de la salud".

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