Lunes 20/11/2017.

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Sobreseída querella de un centro médico contra personal de Sanidad al que acusaba de falsedad documental y prevaricación

En una de las resoluciones causantes de la querella Sanidad denegaba al centro médico la autorización de funcionamiento
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El Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid ha acordado el sobreseimiento libre y archivo de la querella presentada por el centro médico Anaconda S.L contra varias personas de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a las que acusaba de delitos de falsedad documental y prevaricación.

Se trata de un auto del juez, contra el que cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación, que no da la razón al centro médico en su querella contra Fernando Rodríguez Grau y Manuel Molina Muñoz por un presunto delito de prevaricación administrativa, y contra Adela Ángela Fernández, Juan José Menéndez y Cristina Arróspide por un presunto delito de falsedad documental.

En el caso de la querella por falsedad, el auto expone que el centro médico imputa este delito "en relación con el acta de inspección de 6 de mayo de 2009 y el informe técnico de 8 de mayo de 2009 que obran en el expediente administrativo y que aparecen suscritos por los querellados".

La parte querellante destaca como presupuesto fáctico de la falsedad el que en "el informe se pusiera de manifiesto el incumplimiento de la normativa vigente en cuanto a la dimensión del quirófano, pese a que en el acta de la inspección no se hiciera ninguna mención en tal sentido".

"Pues bien, en contra de lo manifestado por la querellante, los documentos mencionados no contienen ninguna falsedad", dice el auto, que afirma que "las conclusiones del informe no entrañan ninguna falsedad, sino que se derivan directamente de la comparación con los planos del proyecto técnico con la normativa vigente".

En segundo lugar, aborda la acusación de un delito de prevaricación al responsable del Servicio de Autorización y Acreditación de la dirección General de ordenación e Inspección, Fernando Rodríguez Grau.

La supuesta prevaricación se refiere a un documento firmado por el querellado el 6 de julio de 2009 por el que se "requiere a la querellante para que subsane su solicitud de autorización de funcionamiento por no cumplir los requisitos exigidos por la norma aplicable".

A este respecto, el juez afirma que "este requerimiento efectuado por el querellado no tiene el carácter decisorio que la jurisprudencia tiene exigiendo como presupuesto previo de delito de prevaricación administrativa que en este caso se imputa".

Además, se aborda la imputación de un delito de prevaricación al director general de Ordenación y Acreditación, Manuel Molina Muñoz, por una resolución por la que se deniega al centro médico la autorización de funcionamiento "por incumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa vigente".

El juez dice que aunque en este caso sí se trata de una resolución en el sentido exigido tampoco se dan el resto de los elementos exigibles, e indica que la resolución debería ser contraria a derecho, ilegal, cosa que no ve.

De hecho, señala que a la vista del contenido de la resolución, se adoptó la decisión de denegar la solicitud de funcionamiento sobre toda una serie de informes técnicos y una propuesta de resolución denegatorio del subdirector general de autorización y acreditación.

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