Jueves 08/12/2016.

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Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II lanza una iniciativa para derogar las medidas de la Comunidad

La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II ha lanzado una iniciativa legislativa municipal en la que propone a las entidades locales llevar a la Asamblea de Madrid la derogación de las Medidas Administrativas de la Comunidad (artículos 16 y 17 de la ley de diciembre 2008), pues, a su juicio, permite explícitamente la entrada del capital privado en los entes encargados de la prestación de los servicios públicos esenciales.
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La entidad ha propuesto estas medidas con el "fin de salvaguardar en su integridad el irrenunciable carácter público de una Institución". Además a su juicio, "es de vital importancia que los ayuntamientos madrileños rechacen enérgicamente cualquier propuesta que conduzca a la mercantilización de esta entidad y de unos servicios son y deben de ser en el futuro un bien público".

Según ha señalado esta Plataforma, se trata de "una clara identidad de intereses económicos e ideológicos del Gobierno regional y del Ayuntamiento", pues, "estas instituciones y el Canal de Isabel II han suscrito recientemente un convenio mediante el cual se introduce a la empresa privada utilizando el instrumento de una llamada sociedad en la gestión del agua".

Del mismo modo, la entidad ha afirmado que con este convenio "se inaugura el nuevo modelo de gestión del agua que viste la simple mercantilización con las apariencias de la llamada modernidad".

Además, la Plataforma que ha lanzado esta iniciativa ha señalado que "desde principios de este septiembre la Comunidad y el presidente del Canal de Isabel II van a lanzar una campaña de propaganda dirigida a los Ayuntamientos con el fin de captar a estos entes locales cuya gestión en el abastecimiento de aguas y en el saneamiento es crucial para que se adhieran a las líneas privatizadoras de Aguirre".

En ese sentido, "se ofrecerá seguramente a los municipios su participación en sociedades de gestión", de modo que el capital privado "intervendrá en uno de los servicios públicos esenciales", lo que supondrá según la Plataforma "deterioros en la calidad y fiabilidad de los servicios y también el empeoramiento de las condiciones de los trabajadores".

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