Según se desprende del documento, la Consejería de Presidencia y Justicia destinará cerca de 50 millones de euros a este programa, de los cuales 2,5 millones de euros será en inversiones directas en planes municipales; 38,9 millones de euros en transferencias a corporaciones locales; y 5 millones de euros en concepto de convenios de colaboración.
El consejero del ramo y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha explicado esta semana que esta partida se mantiene para solucionar las necesidades «más inmediatas» en la «vida diaria de los municipios» y que, por lo tanto, a diferencia de años anteriores, se reducen lo que son las partidas destinadas a inversiones porque, en el fondo, estas generan gastos corrientes a los ayuntamientos.
«En el contexto actual de crisis, los ayuntamientos no quieren obras que les generen gastos corrientes», ha señalado Victoria, quien ha explicado que lo que los consistorios reclaman en esta época son más ayudas para suministros, como la compra de material de limpieza o de residuos. Esta partida, en concreto, crece un 277 por ciento con respecto al año anterior.
También destaca el incremento de la partida para el Fondo de Emergencia, que crece un 114 por ciento, hasta los 1,2 millones de euros, y que tiene como objetivo solventar los problemas urgentes de infraestructuras que puedan surgir, como, por ejemplo, la reposición inmediata de los tendidos eléctricos tras el robo de cobre.
En este sentido, aumenta además un 43 por ciento la partida destinada a las actuaciones supramunicipales, pues como ya recordó el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en su reunión con la Federación Madrileña de Municipios (FMM), en estos momentos, el papel de las mancomunidades debe tomar especial relevancia.
En definitiva, Victoria ha explicado que para este ejercicio se priorizarán actuaciones dirigidas fundamentalmente a actuaciones de infraestructuras básicas como alumbrados, pavimentaciones o asfaltados, saneamientos, y en general, aquellas referidos a servicios básicos y obligatorios municipales que generen el menor gasto de mantenimiento y conservación. «Se ajusta a las necesidades de los ayuntamientos para 2013», ha apostillado Victoria.