Sábado 19/10/2019.

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PSOE llevará a los tribunales la nueva ordenanza de licencias si no se garantiza que lo "público prima sobre lo privado"

Dice que si llega al Gobierno municipal retirará el texto que planea el PP y que, a su juicio, tiene en contra a empresarios y arquitectos
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El PSOE llevará a los tribunales la nueva ordenanza de licencias de actividad en Madrid si el Ayuntamiento no elabora un texto que recoja todos los aspectos recogidos en una reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) y si no se garantiza a su vez que lo "público primará sobre lo privado".

Así lo ha manifestado el portavoz del grupo municipal socialista, Jaime Lissavetzky, para informar de la posición de su grupo sobre la decisión del Alto Tribunal de anular más de medio centenar de artículos de la Ordenanza municipal por la que se establece el Régimen de Gestión y Control de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid.

Según ha recordado a los medios de comunicación, a raíz del conocido como caso 'Guateque' el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón decidió que "no se fiaba de sus funcionarios" y creó una ordenanza para dar marco jurídico a esta decisión de externalizar el servicio, dando cabida a las Entidades Colaboradores de Licencias Urbanísticas (ECLU). También se habilitó en ese marco la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades (AGLA).

No obstante, ha manifestado que el texto fue recurrido (por la Asociación de Empresarios de espectáculos de Salas de Fiestas, Discotecas y Ocio) y el posterior dictamen del tribunal certifica el "problema" que generó esta normativa, pues a su juicio suponía una "dejación" de competencias municipales e "inseguridad jurídica" para los solicitantes de las preceptivas licencias.

Ante el fallo del Supremo, el PSOE decidió preguntar en el pleno del mes de diciembre que se realizaría una nueva ordenanza y que se daría la posibilidad de acudir a las entidades colaboradoras o a la administración, con el objetivo de seguir agilizando los trámites.

Para los socialistas, esta cuestión no es suficiente y consideran que debe fomentarse la rapidez pero también la "máxima seguridad jurídica" para que el trámite de licencias "funcione y funcione bien", según ha relatado Lissavetzky.

"MADRID NO ES PEKÍN"

"Madrid no es Pekín", ha comentado Lissavetzky para recalcar que el concepto de "máxima seguridad jurídica" y el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente debe primar sobre la rapidez en los trámites.

Para el edil, el texto que planea el equipo de Gobierno vuelve a incumplir los planteamientos que expone el Supremo en su sentencia y que ello es una "broma de mal gusto", pues los empresarios del ocio nocturno así como los colegios de Arquitectos e Ingenieros están en contra del texto y ello se plasmará en sus alegaciones.

"Si no se hacen las cosas bien, tendremos que ir a los tribunales" para agregar que "privatizar" la concesión de licencias es una "dejación de responsabilidades" y que, en caso de que ello se mantenga, retirarán esta normativa en caso de alcanzar el Gobierno municipal en los próximos comicios.

BOTELLA NO QUIERE CONSENSO

Al respecto, Lissavetzky ha manifestado que la cuestión de las licencias supone "un ejemplo más de la actitud" de la alcaldesa en los "15 meses" que le quedan de mandato, pues ha prescindido del diálogo con la oposición y opta por la vía de la "imposición".

"Ya está bien de diseñar actuaciones en contra todo el mundo. Deje de aprobar cosas en contra del sentido común y de lo que dicen los tribunales", le ha reclamado el concejal socialista.

Por otro lado, ha pedido que todo lo relativo a las licencias sea tramitado por el área de Urbanismo pues para la apertura de un negocio se requiere obras de reforma del local (y actualmente se desdobla en Hacienda y en este área, según ha señalado). A su juicio, el planteamiento del PP se milita supervisar y dejar un posterior control a los técnicos el efectivo cumplimiento de todos los requisitos legales.

No obstante, ha dicho que este sistema, según la última memoria del Agencia de Gestión de Licencias de Actividades (AGLA), sólo inspecciona un tercio de los expedientes tramitados, "lo que supone una dejación de responsabilidades". Por ello y sin estar en contra de fórmulas de la externalización, el PSOE propone mayor peso de la administración en este proceso.

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