Miércoles 15/08/2018.

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El alcalde acuerda con su Grupo reprobar las presuntas amenazas de exalcaldesa a un trabajador municipal

El empleado recriminó a ediles del PP que fotografiasen el Libro de Decretos del Ayuntamiento
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El alcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez, y los cuatro concejales del Grupo municipal Unión Democrática Madrileña (UDMA) en el Ayuntamiento han pasado por Registro un documento en el que aprueban "reprobar" las actitudes presuntamente "amenazantes" de la exalcaldesa y actual portavoz del PP, Olga Fernández, y otros dos miembros 'populares' por haber increpado supuestamente a un trabajador municipal que les había recriminado por fotografiar el libro de Decretos del Consistorio.

Según este documento, los hechos acontecieron el pasado 3 de febrero, cuando Olga Fernández y la también concejala 'popular' Rosana Pereira acudieron a consultar el libro.

Según relata el propio alcalde en el documento pasado por Registro, él mismo designó a un trabajador municipal para "guardar el buen uso" del libro con la orden expresa de que no se podía fotografiar puesto que, según el regidor, se trataba de "documentos oficiales y la expedición de los mismos corresponde al alcalde previa petición de las concejalas".

No obstante, la exalcaldesa y su acompañante comenzaron a realizar fotografías. Cuando el trabajador les recriminó que no podían hacerlo, éstas le increparon con expresiones como que "no tenía huevos paro quitarle el Libro " o con la advertencia de "que tuviera cuidado, que igual que le contrataron, le iban o echar a la calle". El empleado comunicó los hechos al momento y fue avisada Policía local para intervenir.

Posteriormente, según el escrito de UDMA que firma Antonio Sánchez, fue un tercer concejal del PP, José María Fernández, el que increpó y "atemorizó" en los mismos términos al trabajador municipal, "sacándole de su puesto de trabajo a mitad de la Plaza de España".

A juicio del alcalde, estos hechos son "intolerables" y "absolutamente deleznables", y su Grupo ha acordado "reprobar" las "acciones amenazantes" y "fuera de toda buena práctica política".

Al mismo tiempo, ha exigido "una disculpa pública" hacia el trabajador municipal por parte de los ediles de la oposición implicados.

"Los trabajadores --han señalado desde UDMA-- están al servicio del municipio de Serranillos del Valle y sus instituciones, teniendo todos los concejales de la Corporación que respetar la independencia de los mismos".

Ante ello, el Grupo ha autorizado al alcalde a adoptar las "medidas conducentes a poner fin a la injusta situación provocada".

Por su parte, el Grupo municipal del PP lleva meses solicitando información al gobierno local (UDMA-PSOE) sobre varios asuntos, entre ellos, los decretos firmados por Alcaldía, según las peticiones por escrito que ha remitido el Grupo en varias ocasiones al Ejecutivo local (UDMA y PSOE) en los últimos meses.

En este sentido, el pasado octubre, los 'populares' reclamaron una copia de los decretos firmados desde el 13 de junio, en base a los artículos del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) y el Reglamento Orgánico de Funcionamiento (ROF).

En esta línea, los escritos enviados por el PP recuerdan que el "acceso a la información es un derecho de la Constitución" y que se puede "solicitar amparo a los tribunales contenciosos" en caso de que no se faciliten los documentos.

Mientras, los enfrentamientos entre el actual Gobierno y el PP se han intensificado esta legislatura. De hecho, el alcalde presentó el pasado mes de noviembre en la Fiscalía de Móstoles una denuncia para que se investigue la gestión de la exalcaldesa Olga Fernández por si, durante su mandato, se pudieron cometer los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento público.

El primer edil presentó un escrito de quince folios en el que pide que se investigue el gasto de 8.400 euros que cargó la exalcaldesa a la tarjeta Visa municipal durante la pasada legislatura para la adquisición de "bolsos de firma, material informático y de telefonía móvil", así como muebles, ropa de hogar y vajillas, y del que, según Sánchez, "no hay constancia del material adquirido ni en el Ayuntamiento ni en el resto de dependencias municipales".

En el escrito, se pidió también que la fiscalía investigue el pago de 326.700 euros que realizó el Ayuntamiento a proveedores dos días antes de que la exalcaldesa abandonase el cargo. En esa partida figuraba un total de 23.093 euros a familiares directos a través de varios abonos.

Según los 'populares', todas las partidas a proveedores contaban con expediente y asiento contable, y los abonos a familiares correspondían a contratos con una antigüedad anterior a la fecha en que Fernández tomó posesión de su cargo como regidora.

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