La ONG considera positiva la decisión del Ayuntamiento de auditar la deuda madrileña y confía que no sea solo integral y participada por la población, sino también que se extienda hacia atrás en el tiempo lo suficiente para auditar los principales focos de deuda pública, «y vaya encaminada a la abolición de las deudas que se determinen como ilegítimas u odiosas».
«Vemos además muy acertada la decisión del Consistorio de que la auditoría incluya el análisis del impacto financiero, económico, social, de género y medioambiental de las actividades municipales investigadas», ha señalado.
A falta de ver cómo se articulan en concreto los mecanismos de participación, Ecologistas en Acción estiva que van bien enfocados, «pues se persiguen la participación ciudadana en la parte técnica y en las decisiones políticas posteriores».
«Confiamos en que las plataformas que llevan trabajando este tema en la capital tengan cabida en el proceso y, en concreto, la Plataforma por una Auditoría Ciudadana a la Deuda (PACD)», esperan.
DEUDA DE 6.000 MILLONES DE EUROS
Madrid tiene una deuda de 5.892 millones de euros, la mayor deuda municipal en términos absolutos del Estado. La etapa de Alberto Ruiz-Gallardón al frente del Consistorio, según datos de la organización ecologista, fue clave: en 2013 la deuda superaba los 7.600 millones de euros, una cifra siete veces más grande que la registrada en 2002.
Por tanto, consideran fundamental que la auditoría llegue hasta 2002, año en que se empezó a disparar, e incluya el análisis de elementos como el soterramiento de la M30 (declarada ilegal por tribunales españoles y europeos por las denuncias presentadas por Ecologistas en Acción), las obras y campañas relacionadas con las sucesivas candidaturas olímpicas, los alquileres de los espacios de las sedes institucionales (a pesar de tener 800 edificios vacíos en propiedad) y la externalización de los servicios de limpieza, entre otros.
Ecologistas en Acción considera «que no solo se deberían dejar de pagar las deudas que la auditoría considere ilegales sino también las deudas ilegítimas (aquellas cuyas condiciones del préstamo fueron injustas, si el préstamo no se ha usado en beneficio de la población o cuando una deuda privada se convierte en pública) y odiosas (cuando los/as prestamistas conocían que el dinero iría a actividades no beneficiosas para el pueblo o lo utilizaría contra los intereses de ciudadanos), aunque no sean ilegales».
Además, piden depurar responsabilidades sobre los/as responsables de las deudas ilegítimas, odiosas e ilegales que se detecten.