Miércoles 07/12/2016.

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Ecologistas exige al TSJM que requiera el cumplimiento de una sentencia del TS sobre el desdoblamiento de la vía

Ecologistas en Acción ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que requiera el cumplimiento de una sentencia firme del Tribunal Supremo emitida sobre el desdoblamiento de la M-501 y que obligaba a la Comunidad de Madrid a restituir la zona a su estado anterior pagando las costas del procedimiento.
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Según ha señalado la organización ecologista en un comunicado, el pasado 12 de junio se cumplió el plazo legal para que la Comunidad de Madrid cumpliera con dicha sentencia y "teniendo en cuenta que nada se ha hecho al respecto", pide al Tribunal madrileño que requiera su cumplimiento.

En febrero de 2011, el Tribunal Supremo desestimaba el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid contra la sentencia, de febrero de 2008, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anulaba el proyecto de desdoblamiento de la carretera M-501. "Por tanto, declaraba firme la nulidad de los actos que llevaron a transformar en autovía la carretera M-501 entre los kilómetros 21,8 (Quijorna) y 39,5 (Navas del Rey)", apuntan.

Posteriormente, mediante oficio de fecha 12 de abril de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid remitió testimonio de la sentencia a la Comunidad de Madrid para su ejecución. El plazo voluntario de ejecución de la misma era de dos meses y transcurrido este periodo sin que la Comunidad de Madrid haya tomado ninguna medida, Ecologistas en Acción, solicita la ejecución de la sentencia en los términos en los que se recoge la misma.

"Estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 21 de julio de 2005 y la Resolución de la Consejería de Transportes de fecha 25 de octubre de 2005 debemos declarar la nulidad de pleno derecho de dichas resoluciones, reponiendo el procedimiento administrativo al momento inmediatamente anterior al en que fueron dictados con, en su caso, restitución a su estado anterior de la zona afectada por el proyecto a que se refieren los actos nulos", decía el texto.

Igualmente esta organización ha solicitado que la Comunidad de Madrid abone las costas del procedimiento, "algo que tampoco se ha cumplido a pesar de que la sentencia firme del Tribunal Supremo así lo impone". "Esto quiere decir que será el erario público, con el dinero de los impuestos de los ciudadanos, el que pague las consecuencias del incumplimiento constante de la legalidad ambiental por parte del gobierno de Esperanza Aguirre", consideran.

DOCUMENTACIÓN

Por otro lado, Ecologistas en Acción ha señalado que el presidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echeverría, se ha "negado" a facilitar la documentación que "dijo tener siendo consejero de Transportes e Infraestructuras, y por la cual la denuncia penal de Ecologistas en Acción carecía de sentido".

"Esta documentación, relativa a posibles acuerdos alcanzados entre la Comunidad de Madrid y la Comisión Europea, resulta esencial para valorar las posibles responsabilidades penales de quienes intervinieron en la aprobación del proyecto", han explicado desde la organización.

En caso de que tal documentación no exista, según dicen, "supondría que la Comunidad de Madrid podría haber aportado información falsa al Tribunal Supremo que tramitaba el procedimiento contencioso-administrativo con la finalidad de volcar a su favor el fallo de la sentencia firme". "Podríamos encontrarnos ante hechos muy graves", concluye la organización.

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