Según ha explicado este mediodía la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la nueva figura tendrá rango de alto cargo y estará adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno regional, que encabeza Ángel Garrido.
El comisionado impulsará y coordinará las actuaciones que se van a adoptar sobre el futuro de la Cañada Real y, además, será el interlocutor entre todas las administraciones y entidades implicadas.
La persona elegida es José Antonio Martínez de Páramo y será nombrado la próxima semana, según han confirmado a Europa Press fuentes regionales. Ha sido director general de Suelo, director Gerente del Instituto de la Vivienda y del Instituto de Realojamiento e Integración Social.
El tramo de la Cañada Real sobre el que se va a trabajar, de unos 14,4 kilómetros de longitud y con una extensión de 107 hectáreas, discurre en su mayor parte por el municipio de Madrid pero también implica a los Ayuntamientos de Coslada y de Rivas Vaciamadrid. Según el último censo, en la zona viven 7.725 personas, en más de 2.270 viviendas.
En la actualidad, hay abiertas tres mesas de trabajo que también coordinará de forma directa el comisionado: una social, liderada por la Consejería de Políticas Sociales y Familia; una urbanística, que impulsa la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio; y una de seguridad, que encabeza la Delegación del Gobierno.
CONSENSO PARA UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA
Cristina Cifuentes ha manifestado que la Comunidad de Madrid quiere impulsar una solución a la situación actual de la Cañada Real, «con el consenso de todas las partes implicadas y con el objetivo de comenzar las actuaciones que permitan dar una respuesta definitiva a la situación irregular en la que viven los vecinos de esta zona en los últimos 50 años».
«Una solución que sólo es posible desde la colaboración institucional y la coordinación de todas las partes implicadas. Por eso, la función del comisionado será, precisamente, la de coordinar todas las acciones y poner en marcha los planes de intervención en materia social, urbanística, de vivienda y jurídica que se deberán llevar a cabo en la zona para normalizarla y reorganizarla», ha agregado.
Entre las iniciativas que hay que impulsar resulta prioritario garantizar y regularizar aspectos fundamentales, como la escolarización de todos los niños que viven en la Cañada Real, los suministros de agua y luz, y el transporte público para garantizar la movilidad. Asimismo, es esencial la construcción de viales y la reactivación del servicio de Correos para poder normalizar las notificaciones a los vecinos.
En 2011, el Gobierno de la Comunidad aprobó una ley que desafectaba los terrenos de la Cañada Real y fijaba un plazo de dos años para que las distintas administraciones implicadas llegaran a un acuerdo para transformar la zona. En abril de 2014, la Comunidad y los ayuntamientos de Madrid y Coslada firmaron un Acuerdo Marco Social, que recogía los planes de intervención que se debían llevar a cabo para dar una solución a la situación de la Cañada Real.
La presidenta autonómica ha indicado que con esta figura quiere relanzar el proceso y dar cumplimiento al compromiso electoral número 285 del programa del,PP, que se reforzó con el punto 73 del acuerdo político firmado con Ciudadanos al comienzo de la legislatura.
ALGUIEN QUE CONOCE LA PROBLEMÁTICA
El comisionado es un cargo de libre designación, con un nivel inferior al de la Dirección General. Según ha explicado Cifuentes, se trata de un cargo de confianza y, por tanto, no lo va a consultar con el resto de administraciones o partidos políticos.
«Lógicamente queremos un perfil de alguien que conozca la problemática de la Cañada para que desde el minuto cero conozca la tarea que se le asigna y que sepa lo que haga en cada momento para que ese trabajo no caiga en saco roto. Queremos dar un impulso a la Cañada Real y tener a alguien dedicado a tiempo completo a hablar con los ayuntamientos, vecinos, organizaciones, para poner todo el marcha», ha dicho.
La titular del Gobierno regional ha añadido que mientras «algunos parece que acaban de descubrir la Cañada», ya en 2011 se aprobó una Ley para solucionar la situación de esta vía pecuaria. Así, tras un proceso de desafectación ese suelo pasó a ser propiedad de la Comunidad de Madrid.
«Estamos hablando de un problema de una magnitud importante, que lleva cincuenta años sin solución y que afecta a diferentes ámbitos territoriales porque nada tiene que ver el sector de Coslada, con casas integradas en el municipio con el sector VI y la venta de drogas», ha expuesto.
«Se trata de las soluciones urbanísticas complejas para ver cómo podemos dar solución a este problema. No se trata de legalizar unas casas, sino garantizar que en estas zonas vayan a tener unos servicios básicos que se van a prestar. Estamos hablando de servicios sociales y demás y esto debe requerir unas actuaciones. En todo caso, lo que sí tenemos que hacer es una planificación para que la Cañada deje de ser un foco de marginación y se convierta en otro barrio más», ha concluido.