Así lo ha confirmado esta semana el director general de Transportes del Gobierno regional, Federico Jiménez de Parga, durante su comparecencia en la Comisión del ramo.
Los laudos arbitrales de estos organismos son obligado cumplimiento. «El recurso a este sistema es gratuito y el proceso mucho más rápido que el judicial, con un plazo de resolución de cuatro meses», ha recordado el Gobierno autonómico.
El año pasado, las Juntas Arbitrales permitieron resolver amistosamente un total de 2.269 reclamaciones, de las que más de un 60 por ciento fueron presentadas por particulares y el resto por empresas.