Sábado 10/12/2016.

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La Comunidad dice que mientras Gómez "repite una mentira, la deuda del Tranvía de Parla crece 800.000 euros al mes"

La Comunidad de Madrid ha afirmado este jueves que mientras el secretario general del PSM, Tomás Gómez, "repite su mentira sobre la financiación del Tranvía de Parla", la deuda de este medio de locomoción "crece 800.000 euros al mes y su funcionamiento podría estar en grave riesgo de continuidad".
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La Comunidad dice que mientras Gómez "repite una mentira, la deuda del Tranvía de Parla crece 800.000 euros al mes" La Comunidad dice que mientras Gómez "repite una mentira, la deuda del Tranvía de Parla crece 800.000 euros al mes"

El Ejecutivo regional ha explicado en un comunicado que podría estar en riesgo la continuidad del tranvía de Parla, ya que "el Ayuntamiento no ha abonado ni un solo euro desde que se puso en marcha y acumula una deuda de 30 millones de euros, que podrían llegar a 40 millones a final de este año".

Según han indicado, el tranvía de Parla "fue la principal apuesta de Tomás Gómez en materia de transporte público durante su mandato como alcalde de esa ciudad" y "pese a las advertencias, Gómez quiso que el Ayuntamiento cargase con todo el coste de inversión, poniendo en peligro la sostenibilidad económica del proyecto y del Consistorio". "Se propuso hipotecar el Ayuntamiento y lo ha conseguido", han remarcado.

Desde la Comunidad explican que el sistema de financiación del Tranvía de Parla "fue elegido y firmado por él cuando era alcalde del municipio" y "no incluye el coste de la infraestructura", razón por la que "la aportación del Consorcio de Transportes es menor que en otros medios de transporte que sí incluyen el coste de inversión".

"Gómez se comprometió a pagar el coste de la infraestructura y el Ayuntamiento aún no ha abonado ni un solo euro y ahora pretende que el Gobierno regional asuma las consecuencias de su mala gestión", aseveran.

El Tranvía de Parla, que supuso una inversión para la empresa concesionaria de 130 millones de euros, comunica el casco urbano de la localidad con los nuevos desarrollos urbanísticos de Parla Este, un consorcio urbanístico compuesto por la Comunidad de Madrid (55 por ciento) y el Ayuntamiento de Parla (45 por ciento) donde se levantan 12.000 viviendas, de las que el 83 por ciento son protegidas.

Mientras el consorcio urbanístico aportó 42 millones de euros procedentes de los beneficios derivados de los desarrollos de suelo para la construcción de la línea de tranvía, el Ayuntamiento de Parla se comprometió a abonar los 88 millones de euros restantes hasta 2037, así como una compensación por explotación en concepto de tranvía/kilómetro durante los cinco primeros años, explican.

"NO HA PAGADO NI UN SOLO EURO"

Desde el Ejecutivo que dirige Esperanza Aguirre afirman también que a día de hoy, el Ayuntamiento de Parla "no ha pagado ni un solo euro de lo que le correspondía según consta en los resúmenes ejecutivos del Consejo de Administración de Tranvía de Parla S.A., que fija el total impagado por parte del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2010 en 29,4 millones de euros".

Además, las obligaciones del Ayuntamiento de Parla previstas durante 2011 ascienden a 9,5 millones de euros, lo que supone que la deuda aumenta 800.000 euros al mes. "Es decir, si la situación se mantiene como en la actualidad, a finales de 2011 la deuda total ascendería a casi 40 millones de euros", remarcan.

Ante las críticas de una supuesta discriminación respecto a otros medios de transporte en superficie, la Comunidad afirma que el tranvía de Parla es "un medio de transporte urbano, no interurbano como el Metro Ligero a Pozuelo y Boadilla, y que como en cualquier otro servicio de transporte urbano, el Consorcio de Transportes asume el 50 por ciento de la subvención del billete de cada viajero -0,45 euros- y el 50 por ciento restante lo asume el Ayuntamiento de Parla, por lo que no existe ninguna discriminación".

Respecto a la operación financiera de compra y venta de trenes que ha denunciado Gómez, la Comunidad considera que se debe a que "su partido sólo comprende la política del despilfarro y no aquella que resulta beneficiosa para las arcas públicas".

Además, sostienen que "al actuar con previsión, la Consejería de Transportes adquirió a buen precio los trenes necesarios para cubrir las líneas entonces en construcción y las posibles líneas que se proyectaran en un futuro, y que al optarse por otros medios de transporte vendió y arrendó el resto las unidades móviles a un precio que le permitió recuperar la inversión y obtener beneficios por valor de 1,4 millones de euros".

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