Domingo 11/12/2016.

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Ayuntamiento reconoce necesitar un cambio en una ley estatal para poder cumplir con su nuevo Plan Económico Financiero

El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo, ha reconocido este martes que es necesario un cambio en la Ley de Haciendas Locales, dependiente del Gobierno central, para poder cumplir el Plan Económico Financiero (PEF) 2012-15 que ha aprobado hoy mismo la Junta de Gobierno municipal.
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Ayuntamiento reconoce necesitar un cambio en una ley estatal para poder cumplir con su nuevo Plan Económico Financiero Ayuntamiento reconoce necesitar un cambio en una ley estatal para poder cumplir con su nuevo Plan Económico Financiero

En declaraciones a los periodistas, el edil ha explicado que el PEF tiene como objetivo recuperar el equilibrio entre gastos e ingresos en términos de contabilidad nacional. El año pasado, las cuentas municipales registraron un déficit de 754 millones de euros.

Así, el PEF postula que las cuentas municipales mantendrán el déficit este ejercicio (aproximadamente 521 millones) pero recuperarán el equilibrio en 2012, cuando habrá un superávit de 325 millones de euros, si bien ese año no se licitará ninguna obra nueva y sólo se acabarán las que ya están en marcha (como el mercado de Barceló) y se realizarán labores de mantenimiento y conservación.

Esto será posible "gracias a un fuerte ajuste de gastos y a un incremento en los ingresos", consecuencia sobre todo de la nueva Tasa de Basuras, de la revisión catastral y de otras tasas municipales que han permitido compensar parcialmente los 620 millones de euros menos que se han ingresado anualmente por los descensos en venta de suelo y transferencias del Estado.

Junto al PEF, el Consistorio también ha aprobado este martes un Plan de Saneamiento, cuyo objetivo es recuperar la liquidez de Tesorería de forma progresiva entre 2012 y 2015 hasta haber cubierto los 1.134 millones de euros negativos actuales.

Con estos dos instrumentos, Bravo ha asegurado que la capital será capaz de recuperar el equilibrio presupuestario, conseguir remanente de Tesorería positivo, disminuir el plazo de pago a proveedores para normalizarlo a 50 días en 2015, amortizar los 1.105 millones de la operación extraordinaria de endeudamiento realizada en 2009 y pagar también 246 millones de deuda más, hasta dejarla en 4.721 millones dentro de tres ejercicios.

QUIEN HACE LA LEY, HACE LA TRAMPA

Sin embargo, la realidad es que para que estas cábalas sean posibles el Consistorio necesita que el Gobierno central modifique la Ley de Haciendas Locales para permitir refinanciar la deuda ordinaria que vence en los próximos tres años (aproximadamente 300 millones anuales) para mantener la liquidez.

Y es que la normativa actual permite adquirir deuda nueva tanto para realizar inversiones como para amortizar deuda viva, y el Consistorio quiere que se permita también utilizarla para pagar créditos que vencen en el ejercicio.

Por ello, ha reclamado al Gobierno central que modifique el artículo 49 de la Ley de Haciendas Locales, algo que ha considerado "lógico" ya que la experiencia de los últimos años ha demostrado que con recortar gastos --entre 2010 y 2012 los gastos han caído en 643 millones-- e incrementar ingresos no se está consiguiendo "neutralizar la caída de los impuestos que dependen de otras administraciones".

De hecho, Bravo ha recordado que el presupuesto ha caído un 12,8 por ciento entre 2009 y 2011 (663 millones), y que el próximo ejercicio se recortará otro 4,8 por ciento (193 millones), a lo que hay que sumar que se han amortizado 1.728 puestos de trabajo en los últimos tres años, se han modificado a la baja los contratos de servicio y se han reducido todos los gastos de funcionamiento.

Finalmente, Bravo ha vuelto a reclamar una mejora en la financiación de las haciendas locales similar a la que han conseguido las comunidades autónomas y también una revisión del marco fiscal para que los consistorios tengan más autonomía y flexibilidad a la hora de aplicarlos y cobrarlos.

"Todo esto sólo requiere un cambio legal mínimo para suprimir una discriminación negativa con respecto a los ayuntamientos", ha añadido Bravo, apuntando que si Madrid hubiera podido hacer lo mismo que el Estado o las regiones durante los últimos ejercicios hoy en día "no habría retraso en el pago a proveedores".

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