Sábado 10/12/2016.

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La APM pedirá al Congreso que cumpla la ley eligiendo a un presidente de la CRTVE y renovando al Consejo de RTVE

Considera que la propuesta del Consejo es "el mayor atentado contra la libertad de expresión" y anuncia concentraciones si no se rectifica
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La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) pedirá al Congreso de los Diputados que "cumpla la Ley de Radiotelevisión Pública de Titularidad Estatal 17/2006, de 5 de junio" y asuma sus responsabilidades" eligiendo a un presidente de la Corporación RTVE y renovando al Consejo, ya que "es su obligación", según ha explicado a Europa Press el presidente del APM, Fernando González Urbaneja.

Así, Urbaneja ha denunciado que la propuesta de que el Consejo de Administración de RTVE supervise los informativos "viola el espíritu de esta Ley, lo que revela, además, las deficiencias estructurales de la democracia española".

También ha explicado que esta norma estipula que "el Consejo de Administración deberá contar con cualificación y experiencia para el desempeño de sus responsabilidades", al tiempo que ha zanjado que "es evidente que quien toma una decisión de este tipo, apoyándola o absteniéndose, carece de cualificación, es decir, no sabe dónde está metido". Por ello, ha solicitado que "los consejeros tengan cualificación y experiencia".

De este modo, ha recordado que "la ley dice que la designación de los consejeros la hace el Parlamento --Congreso de los Diputados y Senado-- por mayoría cualificada, de manera que los consejeros no son de un partido o no tienen que ser de un partido, sino que tienen mandato a propuesta de todo el Congreso". Por ello, ha hecho hincapié en que "es el Congreso el que tiene la responsabilidad de controlar al Consejo de Administración de RTVE, no los partidos políticos.

En este sentido, ha asegurado que "esta es una situación gravísima" y que "igual de grave es que quien lleva a este Consejo a rectificar son los partidos políticos, llamando cada uno a su designado". Así, ha explicado que cuando el portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados Josep Antoni Durán i Lleida, dice que va a llamar al consejero propuesto por su partido, "los dos están incumpliendo la ley".

Urbaneja, que ha lamentado que los consejeros "no entienden lo que es el ejercicio profesional de los periodistas", ha afirmado que "para que los consejeros sostengan, defiendan y programen la dependencia informativa, tienen que hacerlo ellos". A su juicio, esta propuesta se ha producido "porque los consejeros son manifiestamente incompetentes".

MAYOR ATENTADO CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Por otro lado, la APM ha informado en un comunicado que la propuesta de que el Consejo de RTVE supervise los informativos "es el mayor atentado contra la libertad de expresión consagrada en el artículo 20 de la Constitución y supone imponer la censura previa, expresamente prohibida por el punto 2 del artículo 20 de la Constitución Española".

Igualmente, considera que esta propuesta "es un disparate y una anomalía democrática" y recuerda que los periodistas de RTVE "están sometidos a un mandato-marco, un contrato-programa y un Libro de Estilo, presididos por criterios de libertad, independencia y responsabilidad, sin intromisiones, interferencias, ni censura previa".

Finalmente, advierte de que "si no se produce una rectificación inmediata de esta decisión, la APM convocará a todos los periodistas para realizar una concentración ante el Congreso de los Diputados la próxima semana como muestra de repudio y de rechazo de esta intromisión".

"NO PUEDE QUEDAR IMPUNE"

Por su parte, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, ha afirmado que la propuesta de que el Consejo de RTVE supervise los informativos "no puede quedar impune" y que acceder a los contenidos previos "constituye una acción de censura previa".

En declaraciones a Europa Press, González ha calificado de "inadmisible" que en un país democrático como España se tomen este tipo de decisiones y que "como periodista, es un atentado a la labor periodista, a su independencia y a la profesionalidad de los periodistas". Además, considera que la propuesta "es una especie de Gran Hermano".

Además, ha incidido en que la "la libertad de información es la que sostiene la democracia", por lo que, a su juicio, los consejeros han revelado unos deseos de atentar contra esta libertad y de entrometerse en la labor periodística que, desde luego, la opinión pública tiene que conocer". "Nos felicitamos si retroceden. Espero que vean la luz", ha apuntado. Finalmente, ha pedido a los políticos "que se dediquen a sacar a España de la crisis económica y a resolver el paro".

URGE LA DESIGNACIÓN DE UN PRESIDENTE DEL CONSEJO

Posteriormente, la APM y la FAPE han afirmado que "lo más urgente es la designación de un presidente del Consejo de Administración de RTVE", una tarea que, según recuerdan, "es tarea del Parlamento y debería haberse cumplido una vez aceptada la dimisión de Alberto Oliart".

En un comunicado conjunto, recuerdan que el Parlamento tiene pendiente desde hace meses la provisión de la mitad del Consejo, es decir, seis puestos, cuyo mandato concluyó de acuerdo con la ley 17/2006, artículo 12. Por ello, instan al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, a los líderes parlamentarios y al Gobierno "a tomar una iniciativa inmediata en este sentido ante la crisis de RTVE".

De este modo, defienden "el Congreso debe actuar de inmediato" porque, a su juicio, "aun con la prevista rectificación anunciada, la propuesta exige decisiones inmediatas al Parlamento, como organismo ante el que responde este Consejo". "La Corporación RTVE necesita un Consejo de Administración con autoridad y con prestigio, y el actual carece de ello", concluyen.

Por su parte, la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) se ha adherido al manifiesto conjunto de la APM y la FAPE, poniendo de manifiesto "su más firme rechazo a la decisión del Consejo de RTVE". En su opinión, mediante este procedimiento "inédito en España, se abre la puerta a la censura previa y al control político de la información".

Por ello, ha pedido que el Consejo reconsidere esta decisión y suprima este procedimiento a la mayor brevedad posible, ya que, a su juicio, "atenta contra los principios de objetividad, imparcialidad e independencia, que son los únicos que deben regir el trabajo de los periodistas en un Estado democrático".

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