Viernes 02/12/2016.

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La ampliación de la capacidad de los puertos, principal amenaza para el litoral

La principal amenaza para el litoral español es el proyectado aumento de la capacidad de los puertos en el 75%, un proyecto que carece de justificación económica y supone un alto coste ambiental, ha denunciado hoy Greenpeace en su informe "Destrucción a Toda Costa 2011".
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La ampliación de la capacidad de los puertos, principal amenaza para el litoral La ampliación de la capacidad de los puertos, principal amenaza para el litoral

La principal amenaza para el litoral español es el proyectado aumento de la capacidad de los puertos en el 75%, un proyecto que carece de justificación económica y supone un alto coste ambiental, ha denunciado hoy Greenpeace en su informe "Destrucción a Toda Costa 2011".

Ha advertido de que el Plan Estratégico de Infraestructuras (PEIT) prevé aumentar de aquí a 2020 la superficie portuaria en un 75% con una inversión de 22.000 millones de euros.

Sin embargo, de este porcentaje solo un 38% se destinará a uso portuario y el resto quedará inutilizado, con el consiguiente deterioro medioambiental y económico de estas áreas.

Durante la presentación del informe, Greenpeace ha acusado al Gobierno de querer construir "puertos fantasmas que no tendrán barcos en el futuro".

Y eso es así porque solo cuatro autoridades portuarias -Valencia, Algeciras, Barcelona y Bilbao- concentran más del 70% del tráfico de mercancías.

De este modo, siempre según el informe, el organismo Puertos del Estado ocupa más de 200 kilómetros de litoral (distancia entre Valencia y Mallorca) y ha ganado más de 225.726 hectáreas a la costa y al mar; a pesar de ello 20 de las 28 Autoridades Portuarias llevan a cabo o proyectan obras de ampliación.

Según Greenpeace, sólo en el año 2010 Fomento ha invertido 911 millones de euros en grandes obras portuarias cuando en 2009 el transporte marítimo internacional bajó un 4,5%, situándose en un nivel inferior al de 2007.

El Sistema Portuario de titularidad estatal está integrado por 46 puertos de Interés General gestionados por 28 autoridades portuarias de las qué sólo dos (Motril y Las Palmas de Gran Canaria) no están acometiendo obras o no planean ampliaciones de envergadura.

De los 26 puertos restantes que se han analizado, 20 están ejecutando o proyectan alguna obra de ampliación sin tener en cuenta costes ambientales ni daños a otros sectores claves para España, como el turismo o la pesca.

Por Comunidades Autónomas, el informe destaca a Andalucía por la privatización de playas de uso público del Puerto de Almería, el dragado del Guadalquivir o los intentos por destruir el Parque natural del Estrecho en Algeciras.

En este contexto, Greenpeace ha hecho especial hincapié en cómo a menudo los puertos han privatizado la primera línea de la costa y en muchos casos municipios netamente marineros han perdido el acceso a la fachada marítima, como los puertos de Málaga, Algeciras y Alicante.

Cataluña destaca por la constante expansión del puerto de Tarragona sobre espacios protegidos (Els Prats de Vila Seca) y la privatización en Barcelona de suelo portuario para la construcción de hoteles de lujo.

La Comunidad Valenciana no ha escapado a estas críticas y Greenpeace lamenta "los planes faraónicos" de su autoridad portuaria para ampliar el puerto, ocupando una superficie mayor que el de Hong Kong pese a que moverá "un volumen de contenedores diez veces menor".

Para la ONG, la Unión Europea también es partícipe de esta "locura portuaria", ya que entre los años 2007 y 2013 va a otorgar a los Puertos del Estado una cantidad superior a los 800 millones de euros.

Por todo esto, Greenpeace ha exigido una moratoria a las nuevas obras de ampliación, aprobar una Estrategia de Sostenibilidad de la Costa que armonice las actividades en la franja costera, y una Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Sectorial de Puertos para conocer el impacto de la construcción de las dársenas y sus accesos.

Además, han insistido desde la organización, hay que revitalizar la idea de una "reforma fiscal verde" para que las actividades más dañinas sobre el litoral tengan un coste extra y cambiar la apreciación de que la inversión ambiental está disociada del beneficio económico.

"Los Fondos Europeos no deben continuar financiando la destrucción ambiental, sino integrar políticas transversales de medio ambiente con las de desarrollo de infraestructuras".

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