Lunes 28/05/2018.

Ceuta

La Justicia sitúa fuera de la Ley el nombramiento de otro algo cargo del Gobierno de Ceuta

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ceuta ha estimado otro recurso de la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT) contra el Gobierno de la Ciudad que preside Juan Vivas (PP) por su política de nombrar directores y subdirectores generales de la Administración local aunque no sean funcionarios de carrera, como la Justicia ha sentenciado que deben ser por segunda vez en el plazo de tres meses.
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En noviembre este mismo Juzgado declaró "no ajustado a Derecho" el nombramiento de José Diestro como director general de Finanzas y Presupuesto. Ahora ha considerado que tampoco puede aceptarse el de Adelaida Álvarez como subdirectora general de Empleo porque "las concretas funciones que tiene encomendadas se entiende que deben ser ejercidas, exclusivamente, por un funcionario de carrera" y por "falta de motivación" del acto político "discrecional" de elección llevado a cabo "al desconocerse los criterios de competencia profesional y experiencia en los que se basa".

Álvarez fue cesada el verano pasado como asesora del Gobierno local, que semanas después la rescató para la nómina municipal como subdirectora general. El Ejecutivo ceutí cuenta con otros tres cargos del mismo nivel que tampoco son funcionarios de carrera: Carolina Pérez, que dimitió como consejera de Asuntos Sociales hace dos años tras decir en el Senado que los musulmanes de Ceuta no quieren ni integrarse ni trabajar ni formarse para conseguirlo y que ahora ejerce como subdirectora general de Fomento; Salvador Jaramillo, de Festejos; y Manuel Coronado, de Juventud.

El Juzgado considera en su última sentencia, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, que la Ley Orgánica de Funcionamiento de la Administración General del Estado (Lofage) y el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) reserva para los funcionarios de carrera el ejercicio de funciones que tengan "directa trascendencia para la situación jurídica de otros sujetos de derecho" como las que, según su punto de vista, se han encomendado a Álvarez.

El presidente del Gobierno local, que tiene recurrida ante el Tribunal Superior Justicia de Andalucía (TSJA) la sentencia contra el nombramiento de su director general, ha abierto este miércoles la puerta en declaraciones a los medios a encontrar una solución "política" para todos ellos en lugar de volver a apelar.

Según Vivas, las resoluciones judiciales "deben hacernos reflexionar sobre unas figuras que no son nuevas en la Administración local y que desempeñan un papel de apoyo en la gestión al consejero de cada Área pero a cuyos titulares nunca se ha pretendido meter en la estructura administrativa de la Ciudad Autónoma, ya que se trata de puestos eventuales que cesan con el Gobierno de turno".

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