Con una participación del 74%, 2.255 trabajadores han votado que sí, mientras que 1.192 han optado por el no, según han afirmado fuentes sindicales a Europa Press.
El portavoz de CC.OO., Albert Anton –uno de los sindicalistas que se encerró en el edificio de la Dirección General de Servicios Penitenciarios junto a otros 12 compañeros para forzar el acuerdo–, ha valorado «muy positivamente» el resultado de la consulta.
«Todo el mundo ha aplicado el sentido común. Eran conscientes de la situación que atraviesa el país y de la crisis internacional. Se tiene que asumir», ha declarado Anton a Europa Press.
Entre las 8 horas de este martes y las 18, los 3.957 funcionarios que podían votar han podido acudir a las 14 urnas instaladas en las cárceles catalanas, centros abiertos y centros de asistencia social.
Una vez legitimado el acuerdo, sindicatos y Justicia tendrán que rubricar el acuerdo en una reunión sectorial para, posteriormente, trasladar el documento a la mesa general de la Función Pública.
El acuerdo, que se prevé que se empezará a aplicar a partir del marzo, contempla el mantenimiento de un complemento salarial de 110 euros mensuales y una reducción de 32 euros en el segundo complemento –de 133 euros– durante el 2012.
Respeto a los días de compensación de festivos, el acuerdo preveía rebajar de 16 a 14 las jornadas, según informaron fuentes sindicales a Europa Press.