Viernes 09/12/2016.

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Cuatro condenados a multas de 15.750 euros por la trama de licencias de L'Eixample

Uno de ellos es Joaquín Quílez, imputado en la trama de licencias de Ciutat Vella
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La Audiencia de Barcelona ha condenado al funcionario municipal Eduardo Cabestany, su cuñado Ignacio M.B., el ingeniero Joaquín Quílez, y el ex funcionario Julián L.S., a sendas multas de 15.750 euros por su participación en la trama de licencias en el distrito de Ciutat Vella (Barcelona), acusados de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.

Además, el alto tribunal les ha condenado a una inhabilitación para ejercer un cargo publico durante dos años y medio, seis y medio para Cabestany; a todos ellos les ha absuelto del delito de tráfico de influencias y del de falsedad docuemental.

Según la sentencia, Cabestany, ayudado por su cuñado Ignacio M.B., el ex funcionario, Julián L.S., y el ingeniero Quílez, tramitó de forma externa al Ayuntamiento y a través de dos despachos privados que poseía en Barcelona, licencias de actividad que conocía a través de su trabajo como funcionario en el distrito de L'Eixample.

En ocasiones, hacía rellenar las licencias a alguno de los empleados de sus despachos privados, sin que éstos tuviesen conocimiento de la actividad de Cabestany.

En algunos casos, incluso llegaron a reabrir expedientes que habían sido denegados por deficiencias insalvables, aprovechando periodos vacacionales o requiriendo los expedientes a otros funcionarios, "obviamente sin pasar por el trámite interno y preciso de autorización del jefe de licencias del Ayuntamiento".

Así, el ex funcionario imputado, Julián L.S., a cambio de una comisión del 10%, se reunía con empresarios que habían tenido algún tipo de dificultad en la concesión de sus licencias, prometiéndoles que finalmente lograrían el trámite.

Por su parte, Quílez y el otro ingeniero imputado daban el visto bueno a los planos de obras, sin que, en muchas ocasiones llegaran a visitar la obra.

Durante el juicio, celebrado en marzo, Cabestany reconoció ante el juez que le pidió a su cuñado que firmara las licencias como técnico privado a sabiendas de que su labor para la administración pública hacía incompatible que él firmara informes favorables para tramitar licencias de actividad y obras desde el ámbito privado.

Expuso que desde su despacho se tramitaban las licencias y que su cuñado, el también imputado Ignacio Martí, no pasaba por el despacho ni llegaba a conocer la obra, "simplemente firmaba el informe favorable por la confianza" que en él tenía depositada.

IMPUTADO EN CIUTAT VELLA

Quílez está imputado en la trama de las presuntas irregularidades en la concesión de licencias en el distrito de Ciutat Vella, especialmente de pisos turísticos, en el que también están implicados dos funcionarios, Heliodoro Lozano --que había sido jefe de servicios técnicos del distrito-- y la funcionaria Elena Ariza --que había ocupado diversos cargos técnicos en Ciutat Vella, el último, como secretaria técnico-jurídica--.

Además, Quílez aparece implicado en la trama de los prostíbulos de Castelldefels (Barcelona) Riviera y Saratoga, que aún está en instrucción.

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