La nota del Pleno añade que esta trascendencia la entiende «para la sociedad española en su conjunto y, en particular, para la catalana».
El comunicado incide en que la impugnación del Gobierno central «produce la suspensión de la disposición recurrida», y en que el Tribunal ha acordado dicha suspensión «tanto de los preceptos recurridos de la Ley como del Decreto impugnado».