Jueves 08/12/2016.

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Paralizado el desahucio de una familia de Gràcia acosada por una gran inmobiliaria

La presión ciudadana ha evitado este lunes el desahucio de una familia alquilada en un edificio de Gràcia que lleva una veintena de años con una ardua batalla judicial con grandes inmobiliarias para evitar ser desahuciados por la construcción de 28 nuevos pisos.
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Paralizado el desahucio de una familia de Gràcia acosada por una gran inmobiliaria Paralizado el desahucio de una familia de Gràcia acosada por una gran inmobiliaria

A primera hora de la mañana se han concentrado unas 70 personas que han impedido por ahora la actuación del secretario judicial, el cual ha acudido sin la presencia de la policía por decisión del juez encargado del desalojo del número 56 de la calle Alegre de Dalt.

En declaraciones a Europa Press, el inquilino, Ignasi Cisteró, ha resaltado que el juez decidió el viernes a última hora no enviar a la policía como había pedido la inmobiliaria al considerar que el desahucio es "una injusticia", pero a la par debe hacer cumplir la ley y tratar de ejecutarlo.

Para Cisteró, que vive con su esposa e hija, la paralización es una pequeña victoria frente al "acoso" de la inmobiliaria, porque siente impotencia frente a ella, y tiene un componente moral, por el valor sentimental de la casa, porque perteneció a su familia desde el 1917.

Su familia se marchó a finales del siglo XIX cerca de Porto Alegre (Brasil) y montó una fábrica de licores, donde su abuela llegó con dos años, y volvió con 18 a Barcelona con el dinero del bisabuelo para comprar la casa.

En este punto de Gràcia nacieron todos sus hermanos --él en 1951--, vivieron con los abuelos y se fraguaron los negocios familiares hasta que su madre vendió la casa, pero se quedaron arrendados con un contrato con opción a compra.

La inmobiliaria La Llave de Oro se hizo con la propiedad de la vivienda hace 10 años, y a través de su filial Gambit proyecta 28 pisos en esta finca y las colindantes, ha explicado el abogado de la familia, Bautista Sotelo, quien tiene el caso con un contencioso en el Tribunal Supremo.

El Plan Especial del Ayuntamiento que permite esta operación también lo tienen impugnado porque concede a la inmobiliaria tres plantas de alto más una de bajo, cuando en la zona están restringidas a dos plantas más bajo.

BAJO LA LEY FRANQUISTA

Según Sotelo, la norma en que se escuda la inmobiliaria para justificar el desahucio son dos artículos (78 y 79) de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 y que aún siguen vigentes pese a las sucesivas modificaciones de la ley y haber sido pensados para el desarrollismo franquista.

En el caso de Cisteró, la ley permite a la inmobiliaria poder echarlo y demoler el edificio cautelarmente --sin aún el fallo del Supremo-- siempre que en aquella finca se construyan al menos el doble de pisos de los existentes, una operación que debe autorizar el subdelegado del Gobierno.

Lleva gastados en una veintena de años de pleitos unos 200.000 euros: los últimos 100.000, de pagar las costas después de que en uno de los pleitos el Supremo no haya admitido a trámite una demanda para hacer valer la opción de compra, y que Cisteró ya perdió en primera y segunda instancia.

Cisteró ha contado este lunes con el apoyo de la Asamblea de Gràcia y de la asociación 500X20, que pide derogar el desahucio exprés, un parque público de viviendas en Barcelona y la dación en el pago, entre otros.

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