En un comunicado, asegura que la imputación de Prat demuestra que la petición de responsabilidades políticas era «más que razonable», y ve necesario que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, abra una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y que el Govern convoque al Consejo de Seguridad de Catalunya para definir una política de seguridad adaptada a la situación de crisis actual y a la política de recortes.
Pese a destacar que Puig fue el máximo responsable de la operación policial y que no está imputado por ser aforado, Bosch considera que la política del conseller «ha fracasado con hechos como los de Plaza Catalunya, los del Parlament del 15 de junio o los de la Ciudad de la Justicia».
Además de Prat, el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Barcelona también ha citado a declarar como imputados a la exconcejal de Seguridad de Barcelona Assumpta Escarp (PSC), el intendente de la región metropolitana, Antoni Antolín, y el responsable de la Brigada Móvil, David Bordas.
Según consta en el auto de admisión de la querella, el juez ve que los hechos que se denuncian son merecedores de ser investigados para valorar si ha habido una «presunta vulneración del derecho fundamental a la libertad de reunión».