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El Gobierno no pedirá a Bruselas un informe jurídico sobre la independencia de Catalunya

Considera que los Tratados de la UE ya son claros
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El Gobierno no pedirá a la Comisión Europea que elabore un dictamen jurídico sobre una eventual independencia de Cataluña y su impacto sobre su permanencia en la UE porque no lo ve necesario, han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

Después de que la vicepresidenta de la CE Viviane Reding aclarara por carta al Gobierno español que comparte su opinión respecto a que una Catalunya independiente quedaría automáticamente fuera de la UE, un portavoz del Ejecutivo comunitario matizó que Bruselas solo dará su dictamen jurídico ante un escenario tal si el Gobierno español lo pide.

Fuentes del Ejecutivo de Mariano Rajoy han señalado a Europa Press que no tienen intención de solicitar formalmente a Bruselas ningún dictamen jurídico al respecto porque no lo consideran necesario.

En opinión del Gobierno, los Tratados de la UE ya establecen de forma clara que una eventual independencia dejaría Catalunya automáticamente fuera de la UE, y que debería ponerse a la cola si quisiera pedir su adhesión, que deberían aprobar de manera unánime los Estados miembros.

La CE ha dado respuesta hace años a la pregunta de si una región que se escindiera de un Estado miembro seguiría perteneciendo a la UE o no: ya en 2004 aclaró, en respuesta a una pregunta de un eurodiputado británico, que "una región independiente nueva se convertiría, por el hecho de su independencia, en un país tercero respecto de la Unión y los tratados no se aplicarían en su territorio desde el día de su independencia".

Por tanto, si quisiera formar parte de la UE debería presentar una solicitud de adhesión que tendría que ser aceptada por unanimidad por el Consejo Europeo, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de cada Estado miembro; es decir, que cualquier país miembro podría vetar su ingreso.

El Gobierno español tiene claro que la UE no aceptará una hipotética secesión de Catalunya u otro territorio que no haya sido decidida por el conjunto del pueblo español.

LA UE SOLO RECONOCERÁ UN PACTO

Basa su convencimiento en el artículo 4.2 del Tratado de la UE, según el cual, sostiene el Ejecutivo, solo sería legal una secesión pactada con España, y la actual Constitución española impide la independencia unilateral de una parte de la nación, porque la soberanía corresponde al conjunto del pueblo español.

Incluso cuando se llegara al caso de que una parte del actual territorio se separara del resto de forma pactada --porque hubiera cambiado la Constitución, por ejemplo--, el nuevo Estado no estaría automáticamente dentro de la UE, sino que debería iniciar un proceso de adhesión que solo concluiría cuando todos los miembros de la Unión estuvieran a favor.

En concreto, el artículo 4.2 del Tratado de la Unión señala que ésta "respetará" la "identidad nacional" de los Estados miembros, identidad "inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional".

También dice que "respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional".

Desde el Gobierno se explica que este artículo es lo que se conoce en derecho como norma de remisión, es decir, incorpora lo que el ordenamiento nacional de cada Estado miembro determina: eso quiere decir que en los Estados miembros en que quepa una secesión pactada, ésta será legal, pero en los que no, se trataría de una independencia ilegal.

La Constitución española, en su artículo 1.2, establece que "la soberanía nacional reside en el pueblo español", y en su artículo 2 deja claro que la Carta Magna "se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española".

Por tanto, el Gobierno sostiene que una secesión unilateral sería absolutamente contraria a la Constitución, de manera que también sería contraria al ordenamiento europeo.

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