La proposición, presentada por el PSC, fija que la cifra debe lograrse en cinco años, y pide elaborar un plan de actuación para dar cumplimiento a un Real Decreto que obliga a alcanzar este porcentaje de taxis adaptados.
La comisión también ha aprobado por unanimidad una proposición de UpB –donde se integra ERC– para instar al Gobierno municipal a definir un plan de gestión pública de centros de distribución de mercancías para descongestionar el tráfico y para reducir los costes y la contaminación del reparto.
MOVILIDAD
Forn ha rechazado la propuesta, también de UpB, de instalar aparatos de validación a la entrada y a la salida de los distintos medios de transporte público en la Zona 1 –que incluye Barcelona y gran parte del Área Metropolitana– para la futura T-Movilidad.
Lo ha rechazado argumentado que la medida tendría un «coste económico considerable» y que la validación a la salida no será necesaria con el nuevo sistema de pago inteligente, que sustituirá los actuales títulos de transporte público progresivamente a partir de 2016.
En cuanto al transporte privado, el concejal de Movilidad, Eduard Freixedes, ha explicado, preguntado por el PP, que todavía deben instalar las bandas rugosas de separación del carril bici en la avenida Diagonal en los tramos de obra finalizados pese a que ya están operativos.
También en respuesta a una pregunta del PP, Freixedes ha valorado positivamente la apertura permanente y bidireccional del carril bus-VAO de la C-58, mientras que el concejal popular Óscar Ramírez ha considerado que se contradice con las medidas de movilidad impulsadas por el Consistorio, que pretenden reducir el uso del vehículo privado.