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Agentes sociales piden que el Pacto Nacional de la Vivienda incluya medidas contra desahucios

Entidades sociales catalanas han pedido que el Pacto Nacional de la Vivienda se adapte a las necesidades de la crisis e incluya medidas para evitar los desahucios, han expuesto en un comunicado previo a la reunión de seguimiento del pacto convocada por la Generalitat para este viernes.
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Agentes sociales piden que el Pacto Nacional de la Vivienda incluya medidas contra desahucios Agentes sociales piden que el Pacto Nacional de la Vivienda incluya medidas contra desahucios

Ante la convocatoria, han hecho públicas sus peticiones de forma conjunta la Confederación de Asociaciones Vecinales de Catalunya, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, la Mesa del Tercer Sector Social y los sindicatos CC.OO. y UGT.

Reivindican que el pacto se adapte a la nueva realidad, muy diferente de la de 2007, cuando se firmó, incidiendo en cuestiones como el impulso de la rehabilitación, la priorización del alquiler frente a la compra y la definición de medidas para evitar desahucios.

Asimismo, instan al Govern a mantener las medias que han permitido aumentar la vivienda asequible y prevenir la exclusión residencial, como la promoción de viviendas protegidas, dotacionales y de inclusión para colectivos vulnerables; la movilización de viviendas en bolsas de alquiler; los programas de rehabilitación e instalación de ascensores, y las ayudas para pagar el alquiler o para evitar desahucios y atender emergencias residenciales.

En la reunión del viernes, la Generalitat prevé realizar un seguimiento del pacto nacional y actualizarlo, han explicado a Europa Press fuentes del sector inmobiliario.

Será la primera reunión de seguimiento del pacto con las diferentes entidades y partidos firmantes desde que CiU llegó a la Generalitat a finales de 2010.

El sector constructor prevé incidir en los aspectos que considera clave para salir de la crisis, como resolver la falta de financiación y el impulso de la rehabilitación, así como la simplificación de leyes y trámites del sector.

El Pacto Nacional de la Vivienda fue firmado en 2007 con un presupuesto de 8.200 millones de euros --el 81% de la Generalitat, el 13% del Ministerio de Vivienda y el 6% de agentes privados--, con el doble objetivo de dar estabilidad al sector de la construcción y garantizar el acceso a una vivienda digna sin exclusión.

Entonces, 33 entidades empresariales, sociales, sindicales y municipalistas rubricaron el documento, pero CiU y PP se negaron a firmarlo porque el Govern preparaba la ley de Vivienda que preveía el alquiler forzoso de viviendas desocupadas.

En detalle, el acuerdo preveía la movilización de suelo para construir 250.000 viviendas de protección oficial entre 2007 y 2016, así como el inicio de obras o construcción de otros 160.000 pisos más --sobre todo para jóvenes-- y la puesta en el mercado de 62.000 viviendas del parque desocupado.

En cuanto a la mejora de las viviendas ya existentes, el pacto se comprometía a rehabilitar y mejorar 300.000 viviendas y conceder ayudas para la instalación de 10.000 ascensores.

Cuando llegó al cargo, Sala ya argumentó a Europa Press que se debía "reorientar" el Pacto Nacional de la Vivienda dado que se ideó en un momento de 'boom' inmobiliario y ahora la situación es la contraria.

Como ejemplo puso el objetivo de movilización de suelo para construir 250.000 viviendas, cuando ahora el mercado está parado.

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