Martes 06/12/2016.

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Las armas de guerra halladas en Medina (Valladolid) no servían como automáticas ni podían disparar ráfagas

Las armas de guerra halladas en zulos en Medina del Campo (Valladolid) no servían como automáticas ni podían disparar ráfagas, según pusieron de manifiesto este miércoles los peritos durante el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid contra Félix T.S, conocido como 'El Rifle', y Javier L.H.
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Las armas de guerra halladas en Medina (Valladolid) no servían como automáticas ni podían disparar ráfagas Las armas de guerra halladas en Medina (Valladolid) no servían como automáticas ni podían disparar ráfagas

En concreto, los policías que fueron citados como peritos explicaron que entre las armas encontradas, definidas como "de guerra", estaban un fusil de asalto CZ y un Cetme, que fueron adquiridas inutilizadas a través de Internet por Félix T.S.

Sin embargo, los peritos explicaron que ambas fueron manipuladas posteriormente con la intención de que volvieran a estar operativas, aunque una de ellas se rompió al probarla y la otra provocaba la "fragmentación" de la munición.

Por otro lado, los peritos no pudieron concretar si la granada hallada en uno de los zulos podía utilizarse porque estaba "manipulada" y hubo que destruirla, por lo que sólo se pudo saber que "aparentemente" sí podría haberse usado. Por otro lado, en cuanto a la pólvora hallada, los peritos indicaron que su uso normal era el de recargar cartuchos.

HUELLAS

Otros de los peritos que comparecieron en la tercera y última sesión del juicio confirmaron que de los 27 fragmentos de huellas que se encontraron en los zulos sólo se pudieron comprobar tres pertenecientes a Cristina S.G, que en el momento de los hechos era pareja y estaba embarazada de Costel P, el ciudadano rumano que descubrió los zulos pero que ni está imputado en la causa ni ha comparecido como testigo.

Estas declaraciones y el hecho de que la investigación se basara sólo en el testimonio de Costel P, así como la posibilidad del registro irregular de Félix T.S. fueron los principales argumentos de la defensa para pedir la absolución de sus patrocinados.

Así, por parte de Félix, la defensa recordó que la investigación se inicia a raíz de unos disparos dirigidos a su cliente, algo que no es la primera vez que ocurre, y cuyos autores están "perfectamente identificados" porque son los familiares de su exmujer, sin que se haya continuado la investigación.

Por otro lado, criticó que se practicaran las detenciones después de que Costel P. apareciera en comisaría, contara los hechos pero ni siquiera se le detuviera, pero además negociara dar más información sobre el segundo de los zulos después de la detención de Félix y tras pasar a recoger sus enseres de su domicilio en la finca en 'La Aceitera', algo que se llevó a cabo sin hacer diligencia alguna.

El letrado considera que se produjo una "forma extraña" de comportamiento de los agentes y aseguró que hay dudas "serias" sobre el momento en el que Costel entra en el domicilio de su patrocinado, lo que podría haber ocurrido antes del registro del mismo, por lo que pidió la impugnación del mismo.

En esta línea, manifestó sus dudas sobre la versión oficial que se dio a conocer tras la detención, en la que se hablaba casi "del nuevo Lute" de Castilla y León, cuando no tiene antecedentes y se supone que dejó tres pistolas encima de una mesa cuando vivía con menores, algo que considera incomprensible.

FALTA DE PRUEBAS

La defensa insistió en el hecho de que no se detuviera a Costel P, cuando actuó como "iniciador" o "detonante", pero tampoco se le procesara o se comprobaran sus antecedentes, cuando además confesó un delito de falsificación de documento público, y además era el único que conocía la ubicación exacta de los zulos.

A todo ello se suma que la única huella encontrada entre todo lo hallado fuera la de su pareja en el momento de los hechos, que casualmente --según la abogada de Javier-- salió del país el mismo día de las detenciones, pero no había ni rastro de AND de los inculpados. A este respecto, cree que además "no cabe en cabeza humana" que hubiera sido su defendido el que escondiera las armas junto a un papel de la Seguridad Social de su hija.

Así, cree que no hay pruebas de cargo excepto la declaración de Costel y, en cualquier caso, descartó que se pudiera imputar a Félix un delito de depósito de armas de guerra cuando no tenían la propiedad de automáticas, una de ellas se rompió y hay dudas sobre el estado de uso de la granada. En cuanto al depósito de explosivos, recordó que los peritos indicaron que se desconoce la utilidad y que se refirieron a pirotecnia.

Precisamente Félix T.S. ejerció su derecho a decir la última palabra y calificó de "casualidad" que le intenten matar a él y después le detengan y le metan en prisión, algo que Costel evitó y pudo fugarse. Además, explicó que se dio cuenta de que habían entrada en su vivienda y aclaró que no tiene sentido que hubiera tres armas sobre una mesa.

"Como si yo anduviera con guantes por casa", dijo el acusado, quien se quejó de que se diera credibilidad a Costel P. y a ellos no mientras que a él sólo se le podría culpar de ser "un poco bobo" y meter en su casa a esta persona.

Por su parte, la abogada de Javier, además de adherirse a los argumentos de su colega y pedir la impugnación del registro domiciliario, explicó que a lo largo del juicio no realizó preguntas por no entender qué hace su cliente sentado en el banquillo, cuando no hay prueba alguna.

La letrada calificó de "surrealista" el sumario, con una entrada y registro en un domicilio sin garantías, sin que se haya encontrado algo en la vivienda de su cliente y tres zulos en el exterior y a una distancia de la finca que ocupaban o una huella de la pareja de Costel que sale del país el día de las detenciones.

Además, recordó que nadie ha hecho mención a su defendido y añadió que si el ciudadano rumano que denunció los hechos tenía, con respecto a Félix, las mismas responsabilidades que Javier, también debería estar sentado junto a él.

Frente a la petición de absolución de las defensas, el fiscal mantuvo la solicitud de penas que suman 26 años de prisión por un delito de depósito de armas, por el que se solicita para cada uno de ellos siete años, y otro de depósito de explosivos, por el que el Ministerio Público pide seis años de cárcel.

El fiscal considera que Félix tenía a su cargo a Javier y a Costel como guardaespaldas y que las armas eran de su propiedad y las escondieron juntos porque todos estaban al corriente de su existencia.

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