Miércoles 07/12/2016.

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Los ciudadanos de CyL puntúan con un 7,1 a los abogados y les sitúan en noveno puesto de grupos sociales más valorados

Los castellanoleoneses puntúan con un 7,1 sobre 10 a los abogados, dos puntos más que la media nacional, y les sitúan en el noveno puesto (de un total de 24) de los grupos sociales más valorados, según los encuestados en Castilla y León para el IV Barómetro del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que ha realizado Metroscopia.
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Los ciudadanos de CyL puntúan con un 7,1 a los abogados y les sitúan en noveno puesto de grupos sociales más valorados Los ciudadanos de CyL puntúan con un 7,1 a los abogados y les sitúan en noveno puesto de grupos sociales más valorados

El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando García Delgado, ha presentado este viernes los resultados de esta encuesta, con la que se ha mostrado satisfecho por el "notable" que obtienen los abogados de la sociedad, aunque no haya gustado a otros sectores.

García Delgado, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha destacado el hecho de que los abogados de Castilla y León obtengan más nota que los colegiados del resto del país, ya que se les puntúa (su trabajo, preparación y su trato) con un 7,1, dos puntos por encima de la media nacional, y con un 5 en el nivel de confianza que ofrecen, en una escala del 0 al 10, prácticamente al mismo nivel que los notarios, que obtienen un 5,2, y de forma más favorable que a jueces (un 4,8) y tribunales (un 4,5).

En este marco, ha explicado que uno espera "una especie de abogados de medicina general" y ha detallado que "generalmente" en la Comunidad los despachos son pequeños y al cliente "se le mima, se le cuida" y se establece una relación personal con el cliente.

Según el Barómetro, en opinión de los ciudadanos de la región, científicos, policía y militares, -con puntuaciones en torno al 7-, son los grupos sociales más confiables, seguidos de las ONG, la Seguridad Social, las emisoras de radio -muy por encima de la prensa escrita, que se encuentra en la mitad de la tabla, o la televisión, que cae al puesto número 19-, el Rey y los notarios, todos ellos por delante de abogados y empresarios, que comparten el puesto noveno.

Cierran el listado, obteniendo las puntuaciones más bajas, los partidos políticos, sindicatos, el Gobierno y los bancos, que apenas superan el 3.

EFECTOS DE LA CRISIS

En estos tres últimos años, coincidiendo con los de la crisis económica, los ciudadanos han reducido su confianza en el Estado de Derecho y llega a ser una mayoría absoluta, un 51 por ciento, la que entiende que España vive una situación peor que la de otros en su entorno (frente al 30 por ciento del Barómetro anterior).

El estudio sociológico reconoce un descenso en la valoración de la Justicia con respecto a Barómetros anteriores. La mayoría de los encuestados en Castilla y León (un 58 por ciento) considera que los medios que el Estado destina para garantizar la defensa jurídica de los ciudadanos son insuficientes o muy insuficientes y el 74 por ciento estiman que la Justicia funciona regular (un 28 por ciento), mal (un 35) o muy mal (11 por ciento), calificándola de "anticuada" en un 55 por ciento.

Los resultados de la encuesta arrojan una opinión mayoritaria "ciertamente mejorable", según la cual, una amplísimo porcentaje de ciudadanos, el 87 por ciento (tres puntos por encima de la media nacional) opina que la Justicia es tan lenta que siempre que se pueda, es preferible evitar acudir a ella.

Los castellanoleoneses creen en un 85 por ciento que su lenguaje y sus procedimientos son excesivamente complicados y difíciles de entender para el ciudadano medio y el 87 por ciento considera que necesita de una profunda y urgente reforma.

También los jueces despiertan susceptibilidades entre los encuestados. Sólo un 27 por ciento de los ciudadanos de Castilla y León consultados confían en su independencia a la hora de dictar sentencia. Y esa misma opinión les merece el Consejo General del Poder Judicial; un 61 por ciento cree que sus decisiones están mediatizadas políticamente y el 85 por ciento considera que debe cambiar.

NECESIDAD DE LA JUSTICIA

Sin embargo, no todo es negativo, apuntaron fuentes del Consejo, que concretaron que la ciudadanía piensa también, en su mayor parte (un 72 por ciento entre los encuestados en Castilla y León, cuatro puntos sobre la media nacional) que la Administración de Justicia, a pesar de sus defectos, constituye la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades, y que los tribunales suelen dar finalmente la razón a quien la tiene.

Siete de cada diez castellanoleoneses piensan que la Administración de Justicia debería ser evaluada, en cuanto a su funcionamiento, como cualquier otro poder del Estado, sin embargo, los ciudadanos de la región que la eximen de ese control, calificándola como "un caso especial", son un 4 por ciento más que la media española.

Destaca entre los datos el altísimo porcentaje de ciudadanos de la Comunidad Autónoma que ha acudido en alguna ocasión a un despacho de abogados. Mientras la media española se sitúa en un 55 por ciento, en Castilla y León, quienes dicen haber acudido en alguna ocasión al despacho de un abogado para consultar algún problema de tipo jurídico son 63 de cada 100, un 8 por ciento más.

Entre quienes alguna vez han acudido al despacho de un abogado, el grado de satisfacción de los castellanoleoneses con los servicios recibidos supera el del conjunto del país. Mientras, de media, los españoles puntúan el trabajo de sus abogados con un 6,9, en nuestra región la nota asciende al 7,1.

También destacan de modo especial la atención y el trato recibidos (que merecen una nota media de 7,8), así como la preparación técnica y el interés por el asunto (puntuados con un 7,4). Incluso el importe de los honorarios cobrados es evaluado de forma claramente positiva (6,3).

Por último, para un 80 por ciento de los castellanoleoneses es necesario que, para poder ejercer, los abogados cuenten con formación adicional, lo que significa un amplio apoyo de los ciudadanos a la Ley de Acceso (que exigirá formación más allá de los estudios universitarios).

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