García Cirac ejerció la potestad que le otorga el Reglamento de la Cámara para realizar dicha convocatoria ya que el Parlamento se encuentra disuelto desde finales de marzo, al considerar que esta decisión permitirá agilizar la comparecencia y lograr «así la diligencia que el objeto de la misma requiere».
No obstante, existían dudas jurídicas de que entre las competencias de la Diputación Permanente se encontrase este asunto, pero en la decisión final ha imperado la el criterio de transparencia e información.