Sábado 03/12/2016.

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PSOE de Valladolid critica que el retraso en los pagos obliga a pagar intereses de demora por el colector de Carrascal

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó ayer el pago de 10.556 euros en concepto de intereses de demora a la adjudicataria de la obra del colector de Carrascal, la UTE El Carrascal, formada por las empresas Sedesa y Montajes y Saneamientos S.L.
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De este modo, la obra, adjudicada en junio de 2007 por 3.491.800 euros, y que sufrió un modificado en diciembre de 2009 de 695.914, sale al final a las arcas públicas por diez mil euros más, a consecuencia de los retrasos en los pagos de las certificaciones, según asegura el portavoz socialista en el Consistorio, Javier Izquierdo.

Éste, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha puesto el acento en el hecho de que el alcalde lleva meses "presumiendo de que los proveedores cobran en plazo y no hay retrasos, pero esto pone en duda esa afirmación y además, cuesta dinero a los vallisoletanos".

Frente a ello, el socialista asegura que el alcalde "pierde dinero de las arcas públicas por problemas de gestión económica, mientras se jacta de lo contrario, y al mismo tiempo, aprieta a las familias, subiendo los precios de las escuelas infantiles por encima del IPC, los precios de los cursos deportivos para escolares, las actividades acuáticas y las clases de gimnasia de mantenimiento para mayores de 60 años".

Cabe recordar que el coste de esta obra ya se incrementó de forma importante, por encima del precio de licitación, y que la adjudicación vino acompañada de polémica.

TRAMA GÜRTEL

El Grupo Municipal Socialista denunció en mayo de 2010 que la empresa Sedesa, vinculada con la trama Gürtel, se hizo con el contrato gracias a un segundo informe encargado en 2007 por el entonces concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, que contradecía uno anterior en el que se señalaba que la oferta incurría en una baja temeraria.

La segunda fase del colector de Carrascal se había sacado a subasta con un presupuesto base de licitación de 6.225.883,97 euros, y la oferta más baja fue la presentada por Sedesa-Montaysa, por importe de 3.491.800,97 euros, es decir, con una baja de casi el 45 por ciento del precio de licitación.

Puesto que dicha baja incurría en los supuestos contemplados en la Ley de baja temeraria, se solicitó a la empresa documentación que acreditara que la baja era asumible, documentación que fue informada por los técnicos del servicio de obras, confirmando la temeridad de la baja.

Sin embargo, el exconcejal García de Coca, censuran los socialistas, solicitó un nuevo informe, que justificó las bajas en seguridad y permitió a la UTE hacerse cargo de la obra.

Y aunque el precio de ejecución, mucho más económico que el ofertado por otras empresas, fue determinante para que la misma se adjudicara a Sedesa-Montaysa, finalmente la construcción del colector ha salido más cara de lo previsto, gracias a un modificado del 20%, y finalmente ahora, por el pago de intereses de demora.

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