Lunes 05/12/2016.

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PSCL lamenta el "despilfarro" de recursos públicos en "causas perdidas" y el uso del tema para "hacer oposición"

El Partido Socialista de Castilla y León ha lamentado este jueves el "despilfarro" de recursos públicos en "causas perdidas", en referencia al fallo de la Audiencia Nacional que autoriza la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) hasta el 6 de julio de 2013, y ha acusado a la Junta de "hacer oposición" el Ejecutivo central con este asunto.
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Así lo ha puesto de manifiesto la procuradora socialista Ana Muñoz de la Peña, quien ha asegurado que el fallo demuestra "una vez más" que es "fácil despilfarrar" recursos públicos en "causas perdidas", a lo que ha añadido que el tema sobre el cierre de Garoña ha sido usado por el ejecutivo de Juan Vicente Herrera para "hacer oposición" al Gobierno de España y "no porque le importe".

Tras acusar a la Junta de no contar con un modelo energético y de "dar la espalda" a otras energías, De la Peña ha reiterado su acusación a la Junta sobre el "despilfarro" de recursos "en causas perdidas".

Cabe recordar que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha confirmado la orden del Ministerio de Industria Turismo y Comercio por la que autoriza la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) hasta el 6 de julio de 2013, fecha de cese definitivo.

En una sentencia notificada este jueves, de más de 50 folios, los magistrados concluyen que para prorrogar la explotación de una central nuclear no se requiere una evaluación de impacto ambiental, ya que "no se trata de crear una nueva instalación sino de continuar la actividad de una ya existente, sin perjuicio de que se deban tener en consideración los informes de las autoridades medioambientales".

Los magistrados analizan los diferentes argumentos de los once recurrentes y que se resumen en dos posturas encontradas: los que pedían la prórroga hasta 2019, entre otros, Nucleonor, como empresa titular de la explotación, y la Junta de Castilla y León, y los que solicitaban el inmediato cese y desmantelamiento de la central, entre los que se encuentran Greenpeace, Ecologistas en Acción y un particular.

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