Jueves 19/10/2017.

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La Federación de Vecinos de Valladolid presenta la fianza exigida para personarse como acusación en el caso del PGOU

El juzgado ha admitido su personación tras aportar un total de 20.000 euros, conseguidos en tiempo récord por apoyo ciudadano
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La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid han prestado la fianza requerida para personarse en el procedimiento del Juzgado de Instrucción número 1 referido a las "alteraciones" de artículos del PGOU, según informaron a Europa Press fuentes de dicha agrupación vecinal.

En el mes de diciembre de 2011 la Federación ya prestó fianza por una cantidad de 8.000 euros, en base a la cuantía fijada por el Juzgado de Instrucción, si bien se le denegó la personación al existir una resolución de la Audiencia Provincial que incrementó la fianza hasta 20.000 euros.

Como el pago es inasumible para las arcas de la federación, se ha promovido una cuestación y diversos colectivos sociales y personas a nivel particular han respaldado la cantidad necesaria establecida con otros 12.000 euros más en el increíble plazo de dos días.

Gracias a ello, la organización vecinal ya se encuentra personada en defensa de los intereses de todos los vecinos en dicho procedimiento, empezando por unas declaraciones ante el juez de responsables jurídicos del Ayuntamiento que tendrán lugar este viernes, 10 de febrero.

LA QUE INICIÓ EL PROCESO

La federación insiste en que fue ella la que, en su recurso general contra el PGOU, detectó las primeras alteraciones de artículos que derivaron en su anulación. En concreto, en el recurso contencioso-administrativo 1588 de 2004 interpuesto por la Federación Vecinal se anulan los artículos 66.1, 346 y 423.2.a)l), únicos artículos que se pusieron como ejemplo de discrepancia entre el texto aprobado y el finalmente publicado como un elemento más de un recurso dirigido a impugnar la totalidad del Plan General.

También ha mostrado su agradecimiento a las personas y entidades que han colaborado económicamente para conseguir esta personación, ratificando así el convencimiento de que se ha alterado la norma más importante de la ciudad en materia de urbanismo, lo que supone una grave lesión al propio funcionamiento democrático, pues lo votado por los elegidos por los vecinos no es lo finalmente aplicado.

Ante ello, recuerda que se ha generado ahora una responsabilidad patrimonial respecto de los constructores beneficiados, así como por la reprobable pasividad municipal, "que ni investiga internamente lo ocurrido ni parece tener intención de personarse en el procedimiento, ante lo cual, lamentablemente una vez más, los vecinos son los que toman las riendas de la defensa de la legalidad en la ciudad".

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