Sábado 10/12/2016.

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Arrestados en Ávila los 13 miembros de una red que estafaba con falsas revisiones de gas y que actuaba en 4 provincias

La Guardia Civil de Ávila ha imputado a 13 personas y a dos personas jurídicas, integrantes de una banda asentada en Cáceres y que actuaba en otras tres provincias, por dedicarse a estafar en domicilios, sobre todo a personas mayores, con falsas revisiones de gas, en una investigación que comenzó en enero a raíz de las estafas cometidas en varios conventos de la zona sur de la provincia abulense.
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Se les considera responsables, a la espera de la recepción de las denuncias solicitadas por otros posibles hechos y que motivarían unas diligencias ampliatorias, de un total de 25 delitos, tipificados como asociación ilícita, extorsión, amenazas e insultos, falsedad documental y estafa, perpetrados en las provincias de Ávila, Salamanca, Cáceres y Toledo.

Según informó la Guardia Civil en un comunicado, "a la vista de la peculiaridad del modus operandi utilizado en la comisión de estos delitos, se analizó toda la documentación intervenida en estas primeras detenciones", al tiempo que se solicitaba la colaboración de otras Unidades de Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía de varias provincias españolas, las cuales estaban investigando varias células delictivas pertenecientes a la empresa citada anteriormente.

Gracias a estas investigaciones se pudo establecer que el cabecilla de la organización dirigía las operaciones a través de dos empresas de instalación de gas con sede en Fuenlabrada (Madrid) y Cáceres.

La operación, denominada latiguillo, detectó que estas empresas contaban con diferentes sucursales repartidas por distintas provincias españolas, y en cada una de ellas había un "encargado" o "responsable" de zona, como se ha podido demostrar durante la investigación.

En cada delegación cuentan con una persona encargada de dar apoyo a las actuaciones, consistente en una secretaria, encargada de "tranquilizar", "informar" y "aclarar" a los clientes que llaman para comprobar si los operarios que se han personado en su domicilio van correctamente preparados y si pertenecen a las empresas así como concertar citas previas con posibles clientes.

El responsable de cada zona o delegación, se encargaba de "reclutar" a gente y "enseñarles el oficio", y destaca la Guardia Civil que "la mayoría de los empleados de estas empresas, poseen numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio o contra la salud pública, así como una gran cantidad de infracciones a la Ley Orgánica 1/92".

"Estos operarios, una vez han recibido debidamente las instrucciones, formaban células delictivas, que van desde 2 hasta 4 personas, más el apoyo de la secretaria que se encuentra en las instalaciones de la delegación", estando cada célula al mando de la persona más antigua en la empresa y con más experiencia a la hora de "tratar con los clientes".

La actividad ilícita iba dirigida principalmente contra personas de edad avanzada, por lo que solían actuar en poblaciones pequeñas donde les era más fácil localizar a sus víctimas, y que estas se encontrasen solas y por tanto más vulnerables, actuaban también en congregaciones religiosas, disponiendo de listados de las mismas para saber donde debían dirigirse.

Una vez localizada una posible víctima se presentaban como técnicos de revisión de gas autorizados y con todos los permisos, aduciendo que debían realizar una revisión en la instalación, aunque no hubieran sido requeridos para ello, "llegando en ocasiones a extorsionar a las víctimas con la imposición de sanciones por parte de la Administración o con el corte del suministro del gas en caso de no poder realizar la revisión".

Al finalizar el día, regresaban a sus delegaciones, portando todas las facturas y contratos de los trabajos realizados, cobrando un porcentaje que varía en función del dinero "recaudado", siendo este el principal salario que reciben los operarios, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos estaban dados de alta en la Seguridad Social a media jornada, a un cuarto de jornada o incluso menos.

La Guardia Civil destaca que "en la mayoría de las actuaciones de estos operarios, posteriormente debe ser reparada por auténticos operarios titulados, con el coste adicional que eso conlleva para las víctimas y el peligro que supone que una instalación de gas, quede en mal estado durante varios días".

Según estimaciones de los investigadores, estas empresas podrían haber obtenido unos beneficios económicos, consistentes entre el dinero recaudado de las estafas, las posibles irregularidades cometidas a la Hacienda Pública y deudas pendientes con la Agencia Tributaria, por valor superior a los 500.000 euros.

Durante el mes de junio se procedió a la finalización de la identificación de todos los autores de los hechos delictivos conocidos e investigados, y con los indicios encontrados durante el desarrollo de la investigación, y se considera demostrada la asociación ilícita, "motivando todas sus características, como son su estructura, permanencia, autorrenovable, jerarquizada y disciplinada, medios utilizados, actividad delictiva y duradera en el tiempo y beneficio económico, todo ello motivado correctamente en las diligencias instruidas".

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