Domingo 25/02/2018.

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Aprobada la modificación del decreto para la Defensa de la Competencia que permite la homologación con la UE

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves la modificación de la norma previa que define la estructura y actividad del Tribunal de Defensa de la Competencia de Castilla y León, dependiente de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Empleo.
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Según ha explicado el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, esto implica que tendrá la misma estructura de funcionamiento que los tribunales equivalentes de la Unión Europea, "que cuentan con expertos funcionarios", ha recordado, y que las funciones de la Secretaría General serán equivalente a los órganos gestores del los tribunales de competencia de la Unión Europea.

El Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León se creó en el año 2006 por un Decreto que definía las acciones en materia de defensa de la competencia, sobre la base de lo establecido en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las comunidades autónomas.

Por su parte, el 1 de junio de 2011 se cumplió el plazo de cinco años de vigencia del nombramiento de los actuales miembros del Tribunal para la defensa de la competencia, "aunque en este momento se encuentran ejerciendo sus funciones, con vigencia prorrogada, hasta que se produzcan los nuevos nombramientos", ha precisado el portavoz.

Por este motivo, ha indicado De Santiago-Juárez, se hace "necesario" modificar el decreto que regula el funcionamiento del tribunal para establecer la posibilidad de contar en su composición con expertos, que pertenezcan al sector público, "particularmente del ámbito universitario".

ELIMINAR TRABAS

A través de la creación de un órgano propio de defensa de la competencia en Castilla y León se consigue, en primer lugar, eliminar posibles trabas a la libre competencia como forma de optimizar y mejorar los mercados a favor de los operadores y de los consumidores y usuarios, "favoreciendo una mayor actividad económica y posibilitando la corrección de las posibles vulneraciones a la competencia".

En segundo lugar, ha continuado el portavoz, permite mejorar las relaciones entre los operadores y las de estos con la Administración autonómica. Además, el Tribunal actúa en colaboración y coordinación con la Comisión Nacional de la Competencia, que se concreta en la participación en el Consejo de Defensa de la Competencia, en los cinco grupos de trabajo creados en la Comisión Nacional de la Competencia ¿CNC- y en el uso de la aplicación REC -Red de Competencia- en la que están conectados y comparten bases de datos todos los órganos de defensa de la competencia autonómicos y la propia CNC.

De Santiago-Juárez ha recordado que el marco autonómico es el más próximo al ciudadano y usuario en la defensa del derecho a la libre competencia, lo que articula el principio de proximidad de las instituciones y potencia la promoción de la competencia. A su juicio, esta ha de entenderse como una serie de acciones para dar a conocer y favorecer la implantación de los principios y el significado de la libre competencia, así como de los beneficios que para los operadores, consumidores y usuarios y para la economía, en general, se obtienen cuando se adoptan las decisiones respetando las reglas del mercado.

Del mismo modo, ha defendido que esta actuación administrativa y política de promoción de la competencia evita la instrucción y tramitación posterior de numerosos expedientes sancionadores y posibilita un marco de certidumbre en la actuación del sector público de la Comunidad, a través de la emisión de recomendaciones e informes, "sobre todo el referido al impacto de las ayudas públicas autonómicas y de las entidades locales sobre la competencia efectiva en los mercados".

Además, el Tribunal para la Defensa de la Competencia ofrece un campo de asesoramiento al sector privado de la Comunidad Autónoma sobre cuestiones relativas a buenas prácticas en las relaciones entre operadores en el mercado de Castilla y León.

Los expedientes sancionadores son incoados previa denuncia o a iniciativa del Tribunal ante la posible comisión de conductas ilícitas que supongan daños a terceros, tipificadas en la Ley de Defensa de la Competencia.

Las investigaciones se refieren a actuaciones de oficio para verificar si se producen trabas a la libre competencia en el funcionamiento de los mercados.

Por último, las recomendaciones son medidas en el ámbito de la promoción de la competencia, ante situaciones o actuaciones que, sin constituir conductas colusorias, -ilícitas con consecuencias negativas a terceros-, si pueden resultar mejorables para un cumplimiento efectivo de los postulados de la libre competencia entre operadores.

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