Martes 21/11/2017.

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El DOCM publica la suspensión de la aplicación del acuerdo Junta-sindicatos sobre trabajadores de la Administración

El Diario Oficial de Castilla-La mancha (DOCM) ha publicado el acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan medidas para la reducción del déficit público que implican la suspensión de la aplicación del acuerdo entre la Administración de la Junta y las organizaciones sindicales sobre condiciones de trabajo en la administración para el período 2008-2011.
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Este acuerdo fue adoptado el jueves pasado por el Consejo de Gobierno y permitirá, según explicó el consejero de Empleo y portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, ampliar la jornada laboral de los trabajadores públicos de 35 a 37 horas y media.

Según publica el DOCM y recoge Europa Press, con fecha 20 de febrero de 2008, la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las organizaciones sindicales CCOO y UGT suscribieron, en el ámbito de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, el citado acuerdo.

Asimismo, señala que los artículos 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y 153.6 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, disponen que los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas podrán suspender o modificar el contenido de los Pactos y Acuerdos ya firmados, de manera excepcional y "por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas".

En este caso, añade las Administraciones públicas deben informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o modificación, información que se llevó a cabo el pasado 2 de diciembre de 2011 en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo entre la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las organizaciones sindicales sobre condiciones de trabajo en la Administración para el período 2008-2011.

La publicación señala que esta medida se ha adoptado dada la crisis económica que sufre la economía castellano-manchega, la "grave situación" financiera en la que se encuentra la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y la consecuente necesidad de racionalizar los recursos públicos, en particular los destinados al empleo público, tal y como se refleja en los informes de la Consejería de Hacienda y de Presidencia y Administraciones, "que sirven como motivación de este acuerdo".

Igualmente, el acuerdo se ha llevado acabo, apunta el DOCM, debido a la obligación de cumplir con los objetivos de déficit público impuestos por el Gobierno de la nación que se hace necesario adoptar una serie de medidas tendentes a la reducción de gastos.

Por todo ello, el Consejo de Gobierno, aprobó suspender de este acuerdo con los sindicatos el apartado Primero del Título IV 'Acción Social y otras prestaciones' y el apartado Segundo b) del Título III 'Carrera Administrativa' en lo que se refiere a la promoción directa en el puesto de las anualidades de 2010 y 2011.

No obstante, afirma el documento, se reservará la cuantía presupuestaria que corresponda para el mantenimiento de las actuales ayudas por guardería, por comedor escolar en educación infantil y primaria y por atención especial de hijos discapacitados, establecidas por Orden de la Consejería de Administraciones Públicas, de 12 de diciembre de 2005, por la que se regula el programa de acción social para el personal funcionario y personal laboral al servicio de la Administración de la Junta.

Igualmente, según este acuerdo, a partir de 1 de enero de 2012 no se podrán presentar solicitudes de ayudas al amparo de la Orden de la Consejería de Administraciones Públicas, de 12 de diciembre de 2005, por la que se regula el programa de acción social para el personal funcionario y personal laboral al servicio de la Administración de la Junta, excepto en las modalidades de ayuda por guardería, por comedor escolar en educación infantil y primaria y por atención especial de hijos discapacitados.

El acuerdo también recoge que la suspensión finalizará en la fecha que determine expresamente el Consejo de Gobierno y que entrará en vigor el día 1 de enero de 2012.

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