Domingo 20/08/2017.

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Los acusados de falsificar un documento para despedir a un obrero defienden la legalidad de su actuación

El fiscal pode para ellos penas de tres y dos años de cárcel
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Los cuatro acusados de falsificar un documento para justificar el despido de un peón de la constructora en la que estaba contratado han defendido en el juicio celebrado este lunes que actuaron de acuerdo a la legalidad y que entregar una carta firmada por dos testigos cuando el empleado no quiere recoger la notificación de despido es algo habitual.

El fiscal ha pedido penas de dos y tres años de cárcel para los cuatro imputados: el representante de la constructora, el aparejador y el encargado de obra, así como el gerente de una asesoría, por un delito de falsificación de documentos y estafa procesal.

Según sus conclusiones, el principal acusado, F.G.L., representante de la constructora, aportó en mayo de 2003 un escrito falso ante el Juzgado de lo Social para justificar el despido, realizado en febrero, alegando la "inminente terminación" de los trabajos para los que fue contratado el operario.

El trabajador, JJ.C.I. ha asegurado en el juicio, celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que no recordaba que el representante de la empresa le intentase entregar ninguna carta para comunicarle su despido y que se enteró de la noticia a través del aparejador de la obra --que es uno de los testigos firmantes de la carta-- después de regresar de una baja por un accidente laboral.

El principal acusado ha señalado que los testigos --el encargado de obra y el aparejador-- firmaron la carta por su propia voluntad, ante la negativa del empleado a recoger la notificación de su despido.

También ha asegurado que el despedido no acudió con posterioridad a la obra, y que no tenía conocimiento de que éste hubiese sufrido ningún accidente laboral.

Además, ha manifestado que no leyó la carta de despido elaborada por la gestoría antes de intentar entregársela al empleado, ya que, como la había redactado un profesional, no consideró necesario revisarla.

La versión del principal acusado ha sido ratificada por el encargado de la obra y el aparejador, que han reconocido que sí leyeron la carta porque, a pesar de ser un procedimiento habitual, cuando los empleados no quieren recoger la notificación de despido, eran ellos los que tenían que firmar como testigos.

El encargado de obra ha hecho hincapié en que el despedido dijo que no iba a firmar nada y que él firmó la carta como testigo porque era "un mecanismo normal". También ha asegurado, en contra de lo dicho por el trabajador, que a éste "no se le volvió a ver" por la obra y que después "no hubo ningún contratiempo".

Tanto el encargado como el aparejador han señalado que no tenían conocimiento del convenio colectivo de la construcción al que hacía alusión la carta, por lo que no repararon en si estaba o no vigente.

La carta de despido y este convenio que, según el Ministerio Fiscal no había entrado en vigor en el momento de producirse los hechos, porque aún no había sido publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, han centrado la mayor parte de las preguntas en el juicio.

Sin embargo, el gerente de la gestoría que redactó la carta ha señalado que es una práctica normal aplicar los convenios una vez que han sido firmados por sindicatos y patronales y presentados ante la Dirección General de Trabajo.

Además, ha destacado que, en este caso, y por primera vez, el convenio incluía una carta tipo para realizar los despidos, por lo que la gestoría se limitó a copiar dicho documento en lugar de utilizar el propio de la empresa gestora.

PENAS

El fiscal considera estos hechos constitutivos de un delito de estafa procesal en relación con un delito de falsedad documental, que imputa a los cuatro acusados. También aprecia un delito de falso testimonio que imputa a los firmantes del escrito.

Así, la petición de condena se eleva a dos años de prisión y multa de 2.400 euros para el representante de la constructora y el empleado de la gestoría, y tres años de cárcel y multa de 3.900 euros para los dos testigos. Asimismo, les impone una indemnización conjunta al trabajador de 562 euros con el interés legal desde febrero de 2003.

Por su parte, la acusación particular pide para todos los acusados tres años y seis meses de cárcel por estafa procesal y multa de 4.000 euros, y un año y tres meses de prisión y 2.250 euros de multa para los dos testigos. reclama igualmente 12.000 euros por daños morales más 562 actualizados con los intereses desde febrero de 2003.

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