Viernes 09/12/2016.

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Las defensas del caso Trapur piden la nulidad de las actuaciones y la expulsión de la acusación popular

La vista se suspende hasta este martes para que la sala resuelva sobre las peticiones de las partes
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Las defensas del caso Trapur piden la nulidad de las actuaciones y la expulsión de la acusación popular Las defensas del caso Trapur piden la nulidad de las actuaciones y la expulsión de la acusación popular

Las defensas de cuatro de los cinco acusados por el caso Trapur han solicitado este lunes la nulidad total del procedimiento, mientras que el letrado de la ex concejala de Sanidad Elisa Dopico ha pedido la nulidad parcial. Igualmente, todas ellas --salvo la de Dopico-- han solicitado también la expulsión del procedimiento de la acusación popular, ejercida por el ex interventor municipal Fernando Urruticoechea.

Además, han cuestionado la instrucción de la causa realizada por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales, Luis Acayro Sánchez, al que incluso alguna de las partes ha llegado a acusar de actuar con "cierta mala intención".

Así lo han planteado ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria al exponer las cuestiones previas en la vista que ha comenzado este lunes por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho en la contratación de la empresa Trapur para ejecutar trabajos de desratización y desinfección en el municipio.

Ahora, la Sala examinará todas las cuestiones formuladas y resolverá sobre las distintas peticiones. Para ello, ha decidido suspender el juicio hasta este martes, día 21, cuando ha convocado de nuevo a las partes a las nueve y media de la mañana.

En esta primera sesión de la vista, tanto la defensa del ex alcalde Fernando Muguruza, como las del ex teniente de alcalde José Miguel Rodríguez López, 'KyK'; el gerente de Trapur, Pedro Llamas, y la funcionaria municipal Itziar Muruaga, han pedido la nulidad total del procedimiento porque, en su opinión, la investigación judicial se inició "de forma ilícita" y en la instrucción se ha vulnerado "de forma palmaria" el artículo 24 de la Constitución Española, en el que se protege el derecho a la tutela judicial efectiva.

Así, han denunciado que la investigación del caso Trapur se inició a raíz de un reparo de legalidad conocido mientras se instruían las diligencias del caso Mioño, un reparo que no fue "aportado" a dicha causa, sino "requerido", y por lo tanto, el magistrado Luis Acayro Sánchez debería haber deducido testimonio para que instruyera la nueva causa otro juzgado.

Asimismo, han cuestionado la obtención de parte de las pruebas aportadas a la investigación, han advertido de una actuación "arbitraria e ilegal" en algún registro, e incluso han censurado el "exceso de facultades" con el que, en palabras de alguna de las partes, actuó la policía judicial.

Del mismo modo, han criticado que el magistrado instructor de las diligencias, mientras investigaba el caso Mioño, aprovechara las declaraciones prestadas por el actual interventor municipal para preguntar cuestiones que no tenían "nada que ver" con las obras de dicho túnel y llegara a requerirle que aportara todos los expedientes de adjudicaciones que no hubieran seguido el procedimiento.

Por todo ello, cuatro de las cinco defensas han solicitado la nulidad total del procedimiento, no así el abogado de Elisa Dopico, que pide sólo la nulidad parcial y que se retraiga la causa al momento en el que el magistrado dictó la apertura de juicio oral.

Y es que, según ha explicado, en ese momento las defensas solicitaron que se les entregara copia de las actuaciones para poder presentar el correspondiente escrito de defensa, pero no se contestó su petición hasta un año después, una actuación en la que el letrado de Dopico aprecia "cierta mala intención" y no ve "buena fe".

Frente a estos argumentos, la fiscal ha rebatido que, desde su punto de vista, el hecho de que la instrucción se iniciara a raíz de un reparo aportado durante otro procedimiento no ha sido determinante.

Pero además, ha rechazado también las críticas a los registros porque, según dice, al tratarse de registros en edificios públicos, no en domicilios privados, no es necesaria la presencia de la secretaria judicial, como planteaban las defensas.

En cuanto a la nulidad parcial solicitada por el abogado de la ex concejala Elisa Dopico, ha subrayado que consta en la causa una diligencia del Juzgado en la que se notifica que todas las actuaciones quedaban a disposición de las partes con lo cual, en su opinión, no se ha producido la indefensión señalada por el letrado.

EXPULSIÓN DE LA ACUSACIÓN POPULAR

Además de reclamar la nulidad de las actuaciones, todas las defensas, salvo la de la ex concejala de Sanidad, han coincidido también en solicitar la expulsión del procedimiento del ex interventor municipal Fernando Urruticoechea, porque creen que el aval presentado para ejercer la acusación popular en la causa no cumple los requisitos previstos en la ley.

De aceptar la sala esta petición, decaería la acusación contra el ex alcalde Fernando Muguruza, ya que la fiscal no ha formulado acusación en su contra, y sólo lo hace el ex interventor.

La fiscal ha tachado de "vaga" la petición de expulsión de la acusación popular pero, en todo caso, lo ha dejado a criterio de la Sala. Mientras tanto, la abogada del ex interventor ha defendido la validez del aval presentado y ha remitido a una diligencia dictada durante el proceso en la que se indica que se presentó en los términos y plazos exigidos.

La letrada de la acusación popular ha recalcado que esa diligencia no fue recurrida por nadie y ha opinado que cuestionar ahora el aval en las cuestiones previas es "un nuevo intento" para expulsarles del procedimiento.

Además, ha defendido su legitimidad para ser parte en la causa ya que, según dice, se está enjuiciando un delito de carácter público y están "perfectamente capacitados" para ejercer acusación.

OTRAS CUESTIONES

Junto a estas dos peticiones que afectarían al conjunto del procedimiento, las partes también han planteado en sus cuestiones previas otros requerimientos a la Sala. Así, el letrado del gerente de Trapur ha solicitado que se declare la prescripción del delito de cohecho imputado a Llamas ya que, desde su punto de vista, la prescripción se cumpliría a los cinco años y cuando se produjo su imputación acababa de superarse ese plazo, en concreto, por seis días.

Sin embargo, la fiscal no lo ve así y se acoge a otros principios legales para asegurar que no procede la prescripción y para pedir que continúe el proceso también para él.

Por otra parte, la acusación popular ha solicitado en sus cuestiones previas la citación de dos nuevos testigos: una socia de Trapur y la tesorera del Ayuntamiento de Castro Urdiales. Las defensas se han opuesto a esta petición porque creen que la tesorera no puede aportar nada y, en el caso de la socia de Trapur, estaría invalidada como testigo porque ha asistido como público a la primera sesión del juicio.

ACUSADOS

En el juicio del caso Trapur la Fiscalía pide, según los casos, penas sólo de inhabilitación o también de prisión. En total, el Ministerio Público acusa a cuatro personas: los ex concejales José Miguel Rodríguez López 'KyK' y Elisa Dopico; el gerente de Trapur, Pedro Llamas, y la funcionaria municipal Itziar Muruaga.

Sin embargo, la acusación popular, ejercida por el ex interventor municipal Fernando Urruticoechea, también imputa al ex alcalde Fernando Muguruza. En un principio el ex interventor también formuló acusación contra el ex edil Pedro Revuelta, petición que fue asumida por el Juzgado de Castro al decretar la apertura de juicio oral, pero Revuelta recurrió ante la Audiencia Provincial y ésta acordó el sobreseimiento de las acusaciones contra el ex concejal.

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