Sábado 10/12/2016.

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El Plan de Derribos prevé que en 2013-2014 entrarán en vigor los cambios normativos necesarios para legalizar viviendas

Contempla la construcción de viviendas de realojo antes de la demolición de las 102 viviendas de La Arena en el año 2018
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El Plan de Derribos prevé que en 2013-2014 entrarán en vigor los cambios normativos necesarios para legalizar viviendas El Plan de Derribos prevé que en 2013-2014 entrarán en vigor los cambios normativos necesarios para legalizar viviendas

Aprobación de nuevos planes generales, modificaciones puntuales de los existentes, revisión de otras figuras urbanísticas como el plan de ordenación de los recursos naturales, y las posteriores solicitudes de licencias de legalización son las soluciones que el Plan de Derribos del Gobierno baraja para conseguir salvar del derribo 470 viviendas de las 621 sobre las que pesan sentencias de demolición. El documento prevé que esos cambios normativos se sustanciarán entre los años 2013 y 2014.

Asimismo, contempla la construcción de viviendas de realojo con carácter previo a la demolición, especialmente en el caso de la urbanización de La Arena (Arnuero), donde ya se han demolido 42 viviendas y las 102 restantes correrán la misma suerte, si bien el derribo no se llevaría a cabo hasta el año 2018.

Con carácter previo, se aprobaría el PGOU y en su caso, el plan parcial en el que se contemplase la construcción de las viviendas de realojo (años 2012 y 2013), en el año 2014 se aprobaría y ejecutaría el instrumento de gestión urbanística del ámbito; y en 2015 el proyecto de urbanización y concesión de licencias; para acometer la construcción de las nuevas viviendas de realojo en 2016 y 2017.

En Piélagos, el plan del Gobierno propone el derribo de 17 viviendas de Cerrías que se encuentran situadas en la zona de servidumbre de protección de costas (7 en 2013 y 10 en 2014), previa indemnización a los propietarios como en el resto de los casos abocados a demolición.

Para salvar del derribo a las cinco viviendas de Cerrías no incluidas en la zona de 100 metros desde la línea de costa, y a otras 41 de las unidaddes de ejecución de Entrelindes y L-05, se propone como solución la modificación puntual del PGOU -que ya tramita el Ayuntamiento- para su adaptación al Plan de Ordenación del Litoral (POL) y la clasificación de estos suelos como urbanizables, así como la solicitud de licencias de legalización, trámites que se podrían culminar en el año 2014, según las estimaciones del Gobierno.

ARGOÑOS

En Argoños, el Ayuntamiento con mayor número de sentencias y de viviendas condenadas a derribo, se propone el derribo parcial de entre 15 y 30 viviendas de Las Llamas I y II, a un ritmo de entre 5 y 10 viviendas al año en el trienio 2015 a 2017, "para que en ningún caso haya que indemnizar a los propietarios de más de 10 viviendas" en un mismo ejercicio presupuestario. Se propone asimismo la construcción de viviendas de reemplazo como alternativa al abono de indemnizaciones.

La concreción de las viviendas que se demolerán se supedita a la revisión del Plan General de Argoños entre los años 2012 a 2014, y en el trienio siguiente se llevaría a cabo la demolición de las viviendas que no resulten amparadas por el planeamiento.

Más sencilla parece la legalización de otras 16 viviendas (Licencia SATEC), cuyos vicios ya ha sido subsanados en el PGOU de Argoños si bien será necesario recoger en el planeamiento una nueva previsión en relación con la agrupación de viviendas (actualmente el número de viviendas agrupadas no puede exceder de tres y en este caso son cuatro). Tramitada y aprobada dicha modificación (2011-2013), el plan prevé que en el año 2014 se podrá conceder licencia y promover el incidente de ejecución de la sentencia de derribo.

Por otro lado, se considera que el PGOU de Argoños vigente da cobertura a otras 12 viviendas condenadas a derribo (Licencia Santiago Martínez Isla), por lo que la solución propuesta pasa por solicitar la licencia para la construcción de esas 12 viviendas, un objetivo que se puede llevar a cabo en 2012.

En cuanto a las cuatro viviendas de Construcciones Munargo, se considera que el PGOU vigente les da cobertura y que bastaría con acreditar que se ha producido una transformación legal de la situación física del entorno, donde "otras edificaciones impiden incluso la visión de las afectadas por sentencia".

Para las 78 viviendas de Pueblo del Mar se propone la redelimitación del espacio natural protegido y la corrección cartográfica del PORN para después solicitar licencia de legalización, medidas que según el plan se llevarán a cabo entre los años 2012 y 2013. Por último, las 99 viviendas de La Llana dependen también de la redelimitación del espacio natural protegido y, en su caso, de la revisión del PORN, que si bien ya se ha iniciado, se estima que no concluirá antes de 2013.

ESCALANTE, MIENGO Y SAN VICENTE

En Escalante, la legalización de 32 viviendas y cinco locales edificados en pleno centro urbano de la villa pasa por la aprobación de un PGOU adaptado a la Ley del Suelo. El nuevo planeamiento se tramitaría durante los años 2012 a 2014, y en ese último año se obtendría, según las previsiones del Gobierno, la licencia de legalización.

En Miengo, se estima que el marco jurídico vigente da cobertura a 20 viviendas condenadas a derribo en Cuchía (edificio Playa Marzán), al no encontrarse afectadas por la servidumbre de protección de costas, por lo que bastaría con la solicitud y obtención de una nueva licencia y que el Ayuntamiento comunique esa resolución al Juzgado competente a fin de que declare la inejecución de la sentencia anulatoria, trámites que pueden quedar concluidos en el año 2012.

En el caso de las 90 viviendas de Inmobiliaria Asva en Cuchía, se precisa la tramitación de un nuevo PGOU que, dada la complejidad de los trámites, no se podrá aprobar hasta el año 2013 según las previsiones del Gobierno. Lo mismo ocurre con la urbanización Santa Marina de San Vicente de la Barquera, cuya legalización requiere la aprobación del nuevo PGOU que permita la utilización de las obras realizadas y la aprobación del ulterior proyecto de urbanización, trámites que sitúan la promoción del incidente de inejecución en el año 2013.

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