Martes 06/12/2016.

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PSOE tacha de "cortina de humo" la denuncia de irregularidades en empresas públicas e insta al PP a "ponerse a trabajar"

Los socialistas creen que los 'populares' siguen "desempolvando datos conocidos que presentan como fruto de su investigación"
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El diputado del PSOE Juan Guimerans cree que la denuncia del Ejecutivo del PP sobre supuestas irregularidades en las empresas públicas durante la anterior legislatura, en la que gobernaban socialistas y regionalistas, es una "nueva cortina de humo" y ha manifestado, además, que los 'populares' siguen "desempolvando datos conocidos que presentan como fruto de su investigación".

De este modo, el parlamentario socialista ha replicado al PP por las presuntas anomalías en la contratación y contabilidad de esas empresas, que a su juicio es "la expresión clara" de cómo el nuevo Gobierno "sigue mirando atrás para justificar su incapacidad para tomar decisiones en interés de Cantabria".

Para Guimerans, se trata, además de una "nueva cortina de humo", de una "huida hacia delante" del presidente autonómico, Ignacio Diego, en una semana en la que "ha vuelto a demostrar su incapacidad" de solucionar problemas como el futuro de Papelera del Besaya, las sentencias de derribos de viviendas, la aplicación de la Ley de Montes, la ampliación del PCTCAN (Parque Científico y Tecnológico), la remodelación del Centro de Vela para el Mundial de 2014, según ha enumerado.

Junto a todo lo anterior, Guimerans ha rechazado el "intento" de Diego de "manipular los datos económicos de Cantabria" en el encuentro que mantuvo el pasado martes con la secretaria general del PSC-PSOE, Dolores Gorostiaga, y el del PRC, Miguel Ángel Revilla.

"El Gobierno del PP sigue desempolvando datos conocidos que presenta como fruto de su investigación de la herencia recibida con el objeto de sembrar dudas sobre la legalidad de las decisiones tomadas por el anterior ejecutivo", ha opinado el parlamentario socialista, antes de explicar que el presidente del Gobierno tuvo un "patinazo" al intentar justificar su denuncia sobre un supuesto elevado endeudamiento de Cantabria con un documento "oficial": el balance de situación realizado por la Intervención de Cantabria el pasado 31 de marzo.

"Un documento ya hecho público por el anterior consejero de economía, Ángel Agudo, que refleja todo lo contrario de la apreciación demagógica del Gobierno de Ignacio Diego", ha reflexionado el diputado del PSOE.

Según ha destacado, Diego "intenta de nuevo desviar la atención" de los cántabros ante la "falta de iniciativas" de su Gobierno "rescatando documentos que son de público conocimiento". En este sentido, ha explicado que los informes de Intervención General de Cantabria son "frecuentes y, en absoluto, presuponen ninguna ilegalidad".

"Si hubiera constancia de alguna actuación fuera de la ley, la Intervención estaría obligada a denunciar los hechos ante la justicia y tal cosa no se ha producido", ha indicado Guimerans.

"Después de casi dos meses de Gobierno", ha continuado, los cántabros "empiezan a estar cansados del recurrente argumento de la herencia recibida y del continuo falseamiento de la realidad que lo único que esconde son los recortes que el PP va a realizar en los próximos meses".

A su entender, "la obligación de todo gobernante es gobernar, tomar decisiones y solucionar los problemas de los ciudadanos", por lo que ha advertido que aunque el PP "insista en seguir mirando al pasado", desde el Grupo Socialista van a responder" exigiéndole que haga los deberes".

De esta forma, Guimerans ha anunciado iniciativas parlamentarias concretas para afrontar los problemas de Cantabria, comenzando por el paro y el desempleo.

DEJAR DE HABLAR DEL PASADO

Finalmente, ha instado al diputado Luis Carlos Albalá a "mirar hacia delante y a trabajar por mejorar el futuro" de la región al igual -ha dicho- que hizo el PSOE cuando llegó al Gobierno de Cantabria, y a "dejar de hablar del pasado".

A este respecto le ha recordado que, en 2003, la situación de la empresa pública de residuos (ERC) había sido objeto de un informe del Tribunal de Cuentas que dictaminó que el Gobierno de Cantabria del PP, presidido por José Joaquín Martínez Sieso, había cometido "importantes irregularidades" en la gestión de la catástrofe del 'Prestige', ocurrida en 2002.

"La mala gestión del Ejecutivo del PP provocó la salida de las arcas públicas de más de 60 millones de euros y, entonces, el Gobierno del PSOE-PRC no se lavó las manos sino que se puso a trabajar para resolver el problema, logrando que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se hiciera cargo de la factura provocada por la incapacidad, por utilizar un término suave, del Gobierno regional del PP", ha concluido Guimerans.

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