El presidente del Consorcio y alcalde de Colindres, José Ángel Hierro, ha indicado en una rueda de prensa que el Gobierno reclama esa cantidad porque considera que se «incumplió el convenio» al pagar esos 802.000 para la gestión y mantenimiento de las piscinas cuando éstas «no estaban en funcionamiento».
«El Gobierno entiende que como no funcionaban pues no requieren mantenimiendo y eso no es así porque había que equiparlas con los necesario para poder abrirlas como desfibriladores, camillas, material de socorrismo…», ha explicado Hierro.
Además del recurso ante el TSJC, el Consorcio solicitará que al juzgado medidas cautelares para que se paralice esta petición del Gobierno y que se aplace la demanda interpuesta por la empresa adjudicataria de la construcción y gestión de las piscinas (Gestión de Piscinas S.A., del grupo Ascan), que reclama 5,7 millones de euros, hasta que se pronuncie sobre la devolución de los 802.000 euros.
Hierro ha asegurado que la opción de acudir a los tribunales era «la última opción» que barajaba el Consorcio pero ha dicho que «no ha quedado más remedio» dada la «intransigencia» del Gobierno, que ha logrado «dividir» a los seis ayuntamientos que forman parte del Consorcio.