El Ayuntamiento de Santander no recurrirá la sentencia del incendio de Tetuán y ha reclamado ya, este mismo miércoles, a la compañía aseguradora que haga efectiva de manera «inmediata» la indemnización a los afectados que perdieron sus casas por el fuego, registrado en un edificio de esa calle en octubre de 2008.
Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de gobierno municipal, Antonio Gómez, quien ha señalado que, frente a la reclamación de «más de 10 millones» de euros de los demandantes, la sentencia fija la indemnización global en cerca de 2,5 millones, cuantía que «quedará cubierta por el seguro».
«Esta cifra no sobrepasa los 3 millones de euros de franquicia del seguro de responsabilidad civil que tiene el Ayuntamiento, por lo que esa cantidad quedará cubierta por el seguro», ha especificado al respecto.
En un comunicado, el edil ha defendido la actuación de los bomberos municipales y ha subrayado que la sentencia no atribuye negligencia al servicio de extinción, «ni en el tiempo de respuesta, ni en los medios, ni en el funcionamiento de los hidrantes, ni en las mismas labores de extinción». El fallo reconoce además, como ha apuntado, el «correcto» funcionamiento del servicio de vigilancia de la Policía Local en la custodia del edificio.
En este sentido, Gómez ha destacado que la sentencia establece que «el problema no ha estado nunca en el servicio de vigilancia de la Policía Local». Y en cuanto al servicio de extinción, «tampoco cabe hablar de negligencia ni en el tiempo de respuesta, ni en los medios, ni en el funcionamiento de los hidrantes», ni existen «pruebas de la insuficiencia de las dotaciones o el retraso en acudir a las llamadas».
«El juez considera -apunta el concejal- que la responsabilidad se ciñe a no haber detectado un posible fuego oculto derivado de la explosión de gas, que tampoco establece como causa acreditada, sino posible, del incendio posterior».
Con todo ello, ha defendido que los bomberos actuaron «con absoluta profesionalidad», siguiendo el protocolo requerido para casos como el que se produjo en Tetuán. Así, ha precisado que las acciones que la sentencia estima que era «necesario» llevar a cabo son «adicionales al protocolo de actuación» para situaciones como la que los bomberos atendieron en el edificio incendiado.
En este sentido, Gómez ha detallado que, una vez recibido el aviso, los bomberos acudieron «inmediatamente» al lugar del incendio, donde «lo primero» que hicieron fue acceder al inmueble para atender a los heridos y facilitar su «rápida» evacuación, así como dar indicaciones a las compañías suministradoras para que se cortase la luz y el gas del inmueble. A la vez, manualmente, se encargaron de cerrar las llaves de paso de aquellas viviendas que habían resultado afectadas por el siniestro.
A continuación, ha proseguido el edil, los bomberos procedieron a «extinguir los focos de fuego creados por la explosión, retiraron un colchón y unas cortinas que constituían esos focos de fuego, y humedecieron todas las zonas afectadas por la explosión, en prevención de posibles nuevos conatos».
Además, ha asegurado que «todas» las piezas de la vivienda en la que tuvo lugar la explosión fueron «revisadas en diferentes ocasiones a lo largo de las cinco horas y media» en que los bomberos permanecieron en el interior del inmueble y «no se encontraron marcas o restos de fuego, ni en paredes, ni en techos, ni en enseres distintos a los ya indicados».
Esa revisión se llevó a cabo por distintos efectivos del Cuerpo, que de manera simultánea a los trabajos de apuntalamiento, «abrieron nuevos huecos en los falsos techos, y pasaron de manera minuciosa la cámara térmica y la de detección de gases, por todas las zonas del inmueble afectadas por la explosión, asegurando de forma idónea el escenario de la deflagración».
En esos trabajos, se prestó especial atención a los falsos techos del pasillo y salita de la fachada norte, y los bomberos observaron que los espacios del bajo cubierta «no se habían visto afectados por el incendio» causado por la deflagración.
Una vez terminadas esas labores y antes de abandonar el inmueble, se revisó éste «planta por planta», por el jefe de bomberos y por el arquitecto municipal. El estado del inmueble llevó a los técnicos a concluir que «no era posible» que los vecinos volviesen a ocupar sus viviendas, por lo que el edificio quedó custodiado por la Policía Local.
A DISPOSICIÓN DE LOS AFECTADOS
Gómez, que ha recordado que, en la causa seguida por la vía penal, se desestimó la responsabilidad del Ayuntamiento, ha indicado que, «desde el primer momento», el equipo de gobierno se puso a disposición de los afectados, arbitrando medidas como realojos y ayudas económicas, además de mantener reuniones «constantes» para analizar las opciones existentes sobre el edificio y ofrecer soluciones viables a lo que los vecinos decidieran.
Por otra parte, ha valorado el trabajo realizado por el órgano judicial que ha dictado la sentencia, vista la «complejidad» del proceso, y ha reiterado la puesta a disposición de los afectados por parte del equipo de gobierno municipal.