Viernes 20/10/2017.

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Asamblea contra la Fractura Hidráulica inicia un contencioso contra el permiso de investigación 'Arquetu'

La Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria ha iniciado un recurso contencioso administrativo contra el permiso de investigación 'Arquetu', que contempla la apertura de cuatro pozos de entre 1.000 y 2.000 metros de profundidad para extracción de gas natural en los valles del Saja y Nansa. El recurso ha notificado a la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
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Según informa este sábado la Asamblea, la Asociación Tres Mares y Ecologistas en Acción Cantabria han decidido iniciar el proceso judicial ante la "pasividad" de la Consejería de Industria del Ejecutivo regional, que "no ha contestado todavía" a los recursos de reposición presentados a principios del pasado mes de agosto.

En este sentido, recuerdan que en julio se constituyó la Asamblea contra la Fractura Hidráulica, cuyo fin es dar a conocer los proyectos de extracción de gas natural y promover un movimiento de "oposición" a los mismos, por los "impactos negativos" que pueden suponer para las comarcas afectadas.

La Asamblea indica que el permiso de investigación Arqueta autoriza a la empresa Trofogás, de capital americano (BNK Petroleum), a realizar trabajos de investigación durante 6 años y a abrir cuatro pozos de entre 1.000 y 2.000 metros de profundidad para extracción de gas natural en los valles del Saja y Nansa. Agrega al respecto que el permiso contempla la posibilidad de valorar la continuidad de su explotación en años sucesivos, con la consiguiente apertura de "decenas o centenas" de nuevos pozos de extracción.

"Este método de extracción de gas provoca muchos impactos negativos en el agua, en el aire y sobre el suelo, además de afectar negativamente a la salud de los habitantes más cercanos", avisa la Asamblea, según la cual existe "suficiente experiencia" en Estados Unidos con este método de extracción de gas natural como para valorar que los beneficios de su comercialización "no compensan los perjuicios ambientales y sociales que provoca".

"El silencio del Gobierno nos obliga a recurrir a los tribunales para obtener una respuesta a las alegaciones presentadas contra este permiso de investigación, especialmente por el hecho de que se concediera el mismo sin obligar a la empresa a realizar un estudio de impacto ambiental", concluye la Asamblea.

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