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Admitido a trámite el expediente de inejecución de sentencia de derribo de Entrelindes (Piélagos)

El Ayuntamiento de Piélagos alegó que la modificación de la Ley del Suelo impedía cumplir la sentencia de demolición
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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander ha admitido a trámite el Incidente de Inejecución de Sentencia del derribo de las 20 viviendas de Entrelindes (en Liencres, Piélagos) en las que hubo una clasificación errónea de los suelos, tal y como había solicitado el Ayuntamiento de Piélagos a través de su Servicio Jurídico.

De esta forma, el Juzgado acuerda tramitar el referido Incidente dando traslado de la petición del Ayuntamiento de Piélagos a las partes personadas en el proceso judicial, entre ellas, la asociación ecologista ARCA.

El Ayuntamiento de Piélagos destaca que la importancia de esta admisión reside en que se trata de la primera resolución judicial dictada al amparo de la nueva Ley 2/2011, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, que establece en su Disposición Adicional Sexta la imposibilidad de proceder a la demolición hasta que haya finalizado el expediente de responsabilidad patrimonial.

El alcalde, Enrique Torre Bolado, ha valorado positivamente este inicio de la tramitación incidiendo en que "se trata de la primera resolución judicial amparada en la última reforma de la Ley del Suelo, efectuada este año con el objetivo de garantizar los derechos de los adquirientes de viviendas con sentencias que ordenan su demolición".

MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL SUELO

Un incidente de inejecución es una petición que se hace a los tribunales en el que se le advierte de que no es posible cumplir, por distintos motivos, con el contenido de una sentencia. En este caso, lo que se plantea es que no se puede proceder a la demolición de las 20 viviendas de Entrelindes porque las nuevas medidas legales aprobadas en Cantabria dictan que antes hay que hacer efectiva la indemnización a los propietarios afectados.

El Parlamento de Cantabria aprobó la pasada legislatura, en el mes de marzo, una modificación de la Ley del Suelo para garantizar que los propietarios de las viviendas con sentencia firme de derribo pudieran cobrar su indemnización antes de que se ejecute el daño.

Esta ley introdujo un mecanismo que, sin alterar la configuración general del instituto de responsabilidad patrimonial, permitía la sustanciación del procedimiento de forma anticipada, sujetando la eficacia de la resolución indemnizatoria a la condición suspensiva de que el propietario del inmueble afectado ponga éste a disposición de la administración obligada a materializar el derribo.

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