Lunes 24/09/2018.

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Una comisión estudiará en el Parlamento el sistema educativo como paso previo a un pacto social y político

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este martes por unanimidad la creación de una comisión de estudio de la situación de la Educación en el archipiélago solicitada por el PSC-PSOE y que pretende ser un primer paso para alcanzar un pacto social y político por la educación.
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El vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, ha señalado que se abre la posibilidad de que en la principal sede institucional tenga entrada una parte importante en la acción educativa: familias y expertos.

"Todos los que tengan algo que decir", ha mantenido. Pérez abogó por "colaborar en la toma de decisiones" y confió en que el resultado de la comisión ponga al día las rutas para diseñar las estrategias en educación y formación.

La diputada del PSC-PSOE, Rita Gómez, ha recordado que ha vuelto a presentar esta iniciativa que el pasado mandato se aprobó por unanimidad por "responsabilidad" y que tiene el objetivo final de dar lugar a la aprobación de una ley educativa propia. Solicitó una nueva política educativa.

"No se trata de llegar a grandes acuerdos, pero sí en lo mínimo, en las bases compartidas para alcanzar el éxito escolar y rebajar las tasas de abandono temprano", continuó Gómez que además expuso que la comisión supone un primer paso para lograr el pacto social y político por la educación en Canarias.

Gómez asimismo matizó que es necesaria la corresponsabilidad de todos y abrir una vía para que la sociedad canaria participe en el debate por la educación.

El diputado del PP, Emilio Moreno, mostró su respaldo a la iniciativa ya que redundará en la mejora del sistema educativo. "La calidad educativa está bajo mínimos", dijo para citar el 30,9 de tasa de fracaso en Secundaria y el "alarmante" abandono escolar que es del 31,9. "Abandonemos aquellas posiciones que lejos de solucionar defienden que para poder avanzar en el mercado laboral basta con no tener cualificación y que basta la inteligencia natural para desenvolverse en una sociedad como la actual", dijo.

Moreno expuso que la comisión es necesario para que se alcance un pacto, pero tiene que "pivotar" sobre objetivos prioritarios como la reducción del abandono temprano, mejorar conocimientos en matemáticas, lengua y ciencias; alcanzar el 85 por ciento en Secundaria, mejorar el aprendizaje del inglés o incorporar las nuevas tecnologías. "Se requiere la implicación de todos", ha admitido.

La diputada del grupo nacionalista, Marisa Zamora (CC), ha defendido también un pacto social y política donde esté implicada la comunidad educativa, los partidos y los agentes económicos. Expuso que la comisión de estudio de la pasada legislatura no fructificó por el "enorme distanciamiento" entre los grupos que apoyaban al Gobierno entonces CC y PP con la oposición el PSC-PSOE.

"Desgraciadamente no nos llegamos a encontrar", ha continuado la nacionalista que abogó por ilusionar a los jóvenes y a la sociedad para formarse. "Partimos de una solución muy complicada", señaló para admitir que las sustituciones son un problema ya que al día se pagan 288.000 euros millones. Pidió que el objeto final sea los alumnos, sea un trabajo serio y que contenga plazos.

MÁS INVERSIÓN

Por su parta, la diputada del grupo mixto, Carmen Hernández (NC), dijo que era partidaria de la iniciativa, pero recalcó que "el análisis está claro" por lo que el diagnóstico ya ha pasado. "Es necesario un cambio de timón y lo dicen todas las fotografías. No es casualidad que tengamos que discutir una Iniciativa Legislativa Popular sobre esta materia", ha defendido.

Hernández dijo sí a un pacto político y social por la educación y que culmine en una ley canaria. "No debe ser algo farragoso sino que contemple unos objetivos claros, acciones y una ficha financiera", enumeró que aprovechó por reconocer al docente. "No hablamos de inversiones estratosférica, sino de llegar una media de los países de OCDE", dijo.

Lamentó la diputada de NC que Canarias sea la única comunidad que no incluye en la red pública los centros para niños de 0 a tres años. Además propuso que se debe contar con los ayuntamientos para ser corresponsables y no sólo para que ejecuten órdenes de la Consejería.

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