Los diferentes informes técnicos solicitados en los últimos meses obedecen a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de la corporación y la protección de sus bienes patrimoniales, lo que no ha obstado para que el Ayuntamiento haya encargado también un proyecto de demolición integral del edificio.
«Los informes que se han evacuado no interrumpen en ningún caso el proceso judicial en marcha, sino que son preceptivos, oportunos y necesarios para garantizar la correcta actuación de la administración municipal», señaló el concejal.
Díaz-Estébanez subrayó que, antes al contrario, cualquier acción del grupo de gobierno que no esté avalada por los informes técnicos municipales podría derivar en responsabilidades judiciales de distinto orden, recoge una nota del Ayuntamiento.
En este sentido, el informe encargado por el alcalde al área de Infraestructuras será elevado a la Junta de Gobierno para que se adopten los acuerdos que se consideren oportunos.
El concejal defendió la oportunidad de este último informe, puesto que se produce una vez encargado el proyecto de demolición, «que es justo cuando se podría producir una afección importante de un bien patrimonial del municipio».
Durante su intervención en la Comisión, Díaz Estébanez recordó las conclusiones principales del informe elaborado por su departamento y señaló que «no es función de los concejales hacer juicios de valor sobre su contenido, ni en éste ni en los anteriores».