El caso se destapó el pasado mes de septiembre cuando se detuvo a cuatro personas, entre los que se encuentra un matrimonio, que actuaba desde una empresa de embargos en Telde (Gran Canaria) que facilitaba a los interesados a hacerse, a través de subastas, con vehículos de alta gama e inmuebles.
En este sentido, la »cabecilla» del fraude sería la mujer, según las mismas fuentes, mientras que el marido era el titular de las cuentas bancarias donde las víctimas, entre los que estarían políticos y empresarios de la isla, ingresaban su dinero.
Asimismo, en este fraude, la empresa de embargos con el objetivo de dar legalidad a sus actividades tenía como apoyo un bufete de abogados radicado en Tenerife y sus letrados se trasladaban a Gran Canaria cuando era necesario resolver las dudas de los clientes de la presunta empresa fraudulenta.
Además, también estaban apoyados por una funcionaria de la Fiscalía que era quien les constataba que el procedimiento estaba en curso, todo ello con el fin de justificar la dilación del proceso en la venta.