Jueves 08/12/2016.

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Gobierno canario inicia 76 expedientes sancionadores a unidades turísticas ilegales por un importe de 2,3 millones

La Dirección general de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias ha iniciado ya 76 expedientes sancionadores a unidades (hoteles, apartamentos o casas) ilegales por un importe total de 2,3 millones de euros.
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Gobierno canario inicia 76 expedientes sancionadores a unidades turísticas ilegales por un importe de 2,3 millones Gobierno canario inicia 76 expedientes sancionadores a unidades turísticas ilegales por un importe de 2,3 millones

Este es el resultado de los ocho primeros meses del Plan de Actuación Turístico Especial de Control de los Establecimientos o Unidades Alojativas y Diagnóstico de las plazas que se explotan como turísticas "sin autorización", subrayó el viceconsejero de Turismo del Ejecutivo autonómico, Ricardo Fernández de la Puente Armas, en rueda de prensa.

En total en este periodo se han realizado 7.000 actuaciones (de control, comprobación e inspección in situ) de alojamientos del archipiélago susceptibles de ser ilegales, y después de las denuncias recabadas por la Administración autonómica al respecto.

Fernández de la Puente Armas indicó que de estas 7.000 inspecciones, unas 2.757 unidades son susceptibles de no cumplir la normativa. Así, actualmente se han remitido a la unidad de sanciones 959 para abrir expedientes; mientras que de 346 unidades que explotan turísticamente sin autorización, se están recabando datos de los explotadores para pasar a las secciones de sanciones.

Asimismo, la directora general de Ordenación y Promoción Turística, Rita Hernández, señaló que hay 1.452 unidades de las que cuentan con datos de una posible explotación turística sin la perceptiva documentación y que están en fase de comprobación y recogida de datos.

Hernández añadió que también hay 42 actas levantadas a intermediadores turísticos que carecían de comunicación previa al comenzar la actividad.

También se resaltó que las sanciones graves oscilan entre los 1.500 y 30.000 euros; mientras que las muy graves van de 30.000 a 300.000 euros. Hernández matizó que la resolución de los expedientes suele resolverse en un periodo de seis meses, una vez se ha comunicado.

"MÁXIMA PRIORIDAD"

Por otra parte, el viceconsejero de Turismo reiteró en varias ocasiones que la inspección sobre los posibles alojamientos turísticos ilegales en Canarias es una asunto de "máxima prioridad" marcado por el presidente autonómico, Paulino Rivero, junto al de la rehabilitación de los establecimientos y la promoción de la marca turística.

De esta forma, añadió, se pretende conseguir que Canarias sea un destino "más competitivo", de ahí que se incida en combatir la oferta ilegal porque "perjudica" a quienes cumplen.

Con el objeto de que quienes no cumplan la normativa, lo hagan, Fernández de la Puente Armas indicó que se va a intentar "darles facilidad" a los establecimientos que están ilegales para que se legalicen porque la competencia "es buena".

Finalmente, adelantó que próximamente la Viceconsejería que lidera celebrará reuniones con los ayuntamientos turísticos a fin de que la Policía Local colabore en el descubrimiento de unidades ilegales.

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