Así lo afirmó este miércoles el secretario general de la Federación de Servicios la Ciudadanía de la organización sindical, Pedro Moreno, durante una rueda de prensa conjunta con la responsable de los servicios jurídicos de esta Federación, Marisa Castellano, el coordinador de la dirección provisional del sindicato, Antonio Pérez, y el delegado sindical del ITC, Antonio Ortegón.
Por su parte, CCOO explicó que una reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha declarado nulo un artículo de los Presupuestos Generales de Canarias que se aplica desde mediados de 2010 por el que se bajó el salario un 5% a los trabajadores de las empresas públicas del archipiélago.
Las empresas afectadas son Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, Canarias Cultura en Red, Cartográfica de Canarias, Gestión del Medio Rural de Canarias, Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias, Gestión y Planteamiento Territorial y Medioambiental, Gestión Recaudatoria de Canarias y Gestión Urbanística de Las Palmas.
En este sentido, Moreno apuntó que tras esta resolución el Gobierno canario tendría que incluir ya en la nómina de enero el porcentaje del salario que se había rebajado, mientras que el sindicato se mostró abierto a negociar la mejor manera para la devolución de las cantidades que se dejaron de abonar en el pasado.
En total, el sindicato entendió que tomando como referencia un sueldo medio de 1.100 euros por cada trabajador, la Comunidad Autónoma tendría que preparar una partida anual que oscilaría entre los 25 y 30 millones de euros para una horquilla de trabajadores de entre 2.000 y 2.500.
«[El Ejecutivo regional] tiene la obligación inmediata de reponer el 5% de los salarios retraídos a todos los empleados dependientes del sector público, por lo que en la siguiente nómina debería estar repuesto ese porcentaje», aseveró.
MESA DE NEGOCIACIÓN
Para los 132 millones de euros [que se corresponden a las estimaciones de lo que se ha dejado de abonar en las nóminas desde el 1 de junio de 2010 hasta el 1 de enero de 2015 por la disminución del 5%], Moreno insistió en la necesidad de promover una mesa de negociación para encontrar la mejor manera de reintegrar esas cantidades.
«El Gobierno –prosiguió– debería abrir una mesa de negociación para poder cumplir la ejecución de la sentencia [del TC] y nosotros, nuevamente, estamos dispuesto a negociar la aplicación de misma, conscientes de que vamos a incidir en que el presupuesto de la Comunidad se tiene que modificar [para incluir la partida de 25/30 millones]».
La organización sindical destacó que el TC ha vuelto a «dejar claro» que el Gobierno de Canarias «comete manifiestamente ilegalidades». «Vuelve a dejar claro –concluyó– que no se puede legislar a capricho y que, por lo tanto, es una nueva prueba de que por esta vía lo único que vamos a tener garantizado es un conflicto continuo».