Así se refirió, en declaraciones a los medios, tras ser cuestionado por la postura del Gobierno canario sobre el BIC del Oasis, que tiene en su poder aprobarlo o no, y en relación a la posibilidad de indemnizaciones si dicho lugar se declara ilegal.
«El Gobierno de Canarias tiene la competencia para resolver el problema del BIC y, naturalmente esa resolución con carácter definitivo, lo que implica también que si al final se declarase ilegal ese BIC, las indemnizaciones correspondería al órgano que tiene la competencia pero el Gobierno lo tiene muy fácil, por qué no transfiere las competencias a los cabildos, yo desde luego lo asumiría con sumo gusto», apuntilló.
De todos modos, puntualizó que en su trayectoria política «no» conoce actos administrativos que «a su vez comprendan las indemnizaciones que tienes que asumir si el acto resulta declarado ilegal por algún tribunal. Esto no es la forma de funcionar».
En este sentido, y a modo de ejemplo, se refirió a la ley de mejora y modernización turística aprobada por el Gobierno de Canarias y se cuestionó «por qué no previó las indemnizaciones si resulta que el Tribunal Constitucional la declara inconstitucional y se perjudican derechos hipotéticos de construcción durante estos meses, estos años».
Añadió que lo que «no puede es tener la competencia y, al mismo tiempo, las consecuencias o posibles consecuencias negativas se las endose a otro», al tiempo que desconoció que hará el Gobierno de Canarias al respecto pero resaltó que el BIC del Oasis «está muy bien articulado» con informes «favorables por todas partes», por lo que subrayó que para que el Ejecutivo autonómico «lo rechazase tendría que poner encima de la mesa, por lo menos, informes contradictorios con este».