Por una vez, y sin que sirva de precedente, me pareció que Cristóbal Montoro estuvo en su sitio. Su alegato de ayer contra Jordi Pujol en el Congreso es el que hubiéramos hecho cualquiera contra un político que se ha pasado media vida mintiendo sobre su patrimonio. “No podemos descartar uno o varios delitos –dijo- y manifestó su “perplejidad e indignación porque un dirigente político que cultivaba una imagen de austeridad y honestidad y una fundación con sus pensamientos y valores, (mantuviera) un comportamiento ético reprobable hasta un grado que podemos imaginar”.
El lugar -la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados- no suele escuchar palabras tan duras, ni siquiera cuando se ha hablado de amnistías fiscales. Y Montoro, como político que es, unió el engaño al fisco con el desafío soberanista, insinuando que algunas de las decisiones de los nacionalistas y su giro al independentismo tenían que ver con aquella investigación.
La contundencia de Montoro no conocía fin: “Si alguien pensaba como Pujol que pidiendo perdón se hacía borrón y cuenta nueva, se equivocaba” y aseguró que el comunicado de Pujol en que admitió haber ocultado su fortuna al fisco no era suficiente y que Pujol debía asumir responsabilidades. Defendió el ministros que a los dirigentes políticos se les debe exigir responsabilidad y también “ejemplaridad”. Y razonó que si Pujol hizo esta confesión fue consecuencia de las investigaciones de la Agencia Tributaria que habían conseguido “acorralarlo”.
No quiso desvelar más detalles de esto último. Y ahí hizo bien en plantarse. Solo negó que el ex presidente catalán se hubiera acogido a la amnistía fiscal de 2012, algo que ya Pujol había negado en su comunicado. Lo que sí aclaró sobre su regularización de bienes, es que podía implicar uno o varios delitos fiscales, y que ya le está suponiendo al ex presidente catalán el pago de una cuantiosa cantidad que no quiso especificar. Montoro en estado puro.
Pero la cosa no quedó ahí. El ministro tenía información. No todo eran juicios de valor y quizá por eso puso a disposición del Parlament los datos de Hacienda si se crea una comisión de investigación. Anunció también que la Abogacía del Estado se personaría en los procesos judiciales para exigir responsabilidades. “Actuaremos en sede administrativa y en sede judicial. Llegaremos hasta el final”. Hasta el final, pero también había principio. Montoro reconoció que las investigaciones de Hacienda a la familia Pujol, comenzaron entre 2000 y 2002, es decir, en su anterior etapa en el cargo con el Gobierno de José María Aznar. Y también que, desde finales de 2012 Hacienda había pedido información a bancos y personas sobre operaciones financieras de la familia en Estados Unidos, Suiza, Holanda, Reino Unido, Luxemburgo y Argentina.
Y claro, desde CiU, no han tardado en replicar. Le tocó la china a Pere Macias, quien respondió al ministro que no “hiciera juicios temerarios, ni aprovechara para hacer justicia”. Pero, por una vez, Montoro no habló más de la cuenta. Y sus juicios, con los datos que debe tener, más que temerarios, parecen todo un aperitivo. Más les valdría a los de CiU callarse.